El Gobierno lleva al Constitucional la norma catalana de equipamientos comerciales

Según se ha informado este viernes, el Gobierno ha defendido este principio también frente a leyes similares de otras Comunidades Autónomas. El Ejecutivo entiende que el decreto ley catalán que regula este asunto impide que existan establecimientos comerciales fuera de la trama urbana consolidada, “vulnerando lo dispuesto, con carácter básico, en la Ley de Ordenación del Comercio Minorista y en la Ley de Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio, prohibición que además es contraria al derecho comunitario”.

Además, se considera que el instrumento normativo elegido, un Decreto ley, no cumple los requisitos necesarios para su utilización, dado que su uso, según el artículo 64 del Estatuto de Cataluña, “debe ser excepcional y justificarse por una necesidad extraordinaria y urgente, que en este caso no se cumple”.

El recurso, que cuenta con el dictamen favorable y preceptivo del Consejo de Estado, se interpone al no haberse alcanzado acuerdo dentro del procedimiento negociador previsto. El Gobierno solicitará además al presentar el recurso que se produzca la suspensión de dicho Decreto ley.