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Gobierno vasco: los 850 crímenes de ETA merecen “una valoración específica que no puede compensarse con ninguna otra”

Gobierno vasco: los 850 crímenes de ETA merecen "una valoración específica que no puede compensarse con ninguna otra"

EUROPA PRESS

BILBAO —

El secretario de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández, ha afirmado que los 850 crímenes de ETA merecen “una valoración específica que no puede compensarse con ninguna otra”. Además, ha recordado que el Plan de Paz, aprobado este martes por el Ejecutivo de Iñigo Urkullu, aborda, “en su medida”, cada una de las vulneraciones de derechos “sin atenuar unas con otras”.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Fernández ha considerado que “la revisión crítica” del pasado se debe abordar en la Ponencia de Paz que se creó en el Parlamento vasco, con el fin de llegar a “confluir en un acuerdo mínimo”

En su opinión, el Plan de Paz y Convivencia “abre un camino” y se ha mostrado convencido de que se está “más cerca que hace unos meses de las posiciones del PP, del PSE o de EH Bildu”.

Según ha explicado, el documento cita “todas las vulneraciones” de derechos humanos tienen que ser abordadas “desde una perspectiva integral, sin excluir o diluir ninguna, con nombres y apellidos”, y ha apuntado que, en función de su “significación” y el “impacto” provocado, cada una de ellas precisa de “una valoración específica”.

“Hay que valorar cada ámbito de vulneración de derechos humanos en función de lo que ha representado y ETA ha representado lo que ha representado. 850 asesinatos tienen una importancia que merece una valoración específica que no puede ni debe compensarse con ninguna otra”, ha insistido.

No obstante, ha subrayado que esto no significa que “hay que dejar de abordar otras vulneraciones de derechos humanos”. De este modo, ha señalado que el Plan aborda, “en su medida, cada una de las realidades de vulneración que se ha padecido en este país”, sin “compensar ni atenuar” unas con otras.

TRABAJO CONJUNTO

A su juicio, “para abordar un trabajo conjunto y de acuerdo”, se necesitan “condiciones de texto y de contexto que no siempre se dan, y en este momento, tal vez haya más problemas de contexto que de texto para abordar acuerdos”.

Tras precisar que sus expectativas no pasaban porque “nadie apoyara abiertamente el plan”, ha subrayado que la intención es abrir “un camino compartido, abierto, de amplia calzada”, en el que se vaya desarrollando un trabajo conjunto.

Según ha explicado, su función es “abrir un camino”, que es una tarea “difícil y compleja” porque no existe “un marco compartido, un espacio ético, político y democrático compartido” en el que “quepan todos”, como sucedió con el Día de la Memoria.

“Pedirle al plan como condición de partida que todos estuvieran de acuerdo en la línea de salida era pedir una utopía. Lo que tenemos que pedirle es que abra un camino de amplia calzada en el que podamos avanzar todos a la par y que permita, en el plazo de estos tres años, llegar a un acuerdo entre todos sobre unos cuantos mínimos que son fundamentales para la convivencia”, ha apuntado.

“NEGRO SOBRE BLANCO”

En este sentido, ha recordado que el Plan de Paz es del Gobierno vasco, no de los grupos parlamentarios, y “pone negro sobre blanco” lo que el ejecutivo va a hacer en los próximos tres años. Sin embargo, ha querido “tener en cuenta” las aportaciones de los grupos de la Cámara vasca y colectivos sociales, “también de EH Bildu”, que ha sido bastante crítico con el texto.

A su entender, el documento “define” la necesidad de “una revisión crítica del pasado”, algo en lo que la izquierda abertzale “tiene una parte, una contribución importante que realizar”. “Pero la revisión crítica del pasado no le corresponde en exclusiva a la izquierda abertzale. Es un trabajo que tenemos que hacer entre todos”, ha añadido.

En esta línea, recuerda que el propio 'suelo ético' establece que “debe compaginarse un principio de verdad, en el que no puede haber una verdad a medias, y otro de responsabilidad”, consistente en que “cada cual debe asumir la responsabilidad que le toca” de lo ocurrido en las últimas décadas.

PONENCIA DE PAZ

Asimismo, ha insistido en la necesidad de lograr “un microacuerdo” sobre el pasado y ha afirmado que “un buen marco” sería la Ponencia de Paz del Parlamento vasco“.

“Que ahí se haga un trabajo sobre el pasado, una revisión crítica sobre el pasado y que eso permita confluir con un acuerdo mínimo sobre cómo vemos de manera compartida lo ocurrido en el pasado y de qué manera cada cual debe asumir la parte de responsabilidad que le toca”, ha dicho.

Para Jonan Fernández, éste es “el proceso más difícil de todos” porque “en el diagnóstico sobre el pasado se encierra la responsabilidad, la culpa, y esto es muy difícil de asumir”. “Hay que darle tiempo, hay que tener perspectiva y mentalidad de proceso”, ha dicho.

Además, ha indicado que existe “la necesidad de clarificación del pasado”, que es “un deber de las políticas públicas, conocer, saber y esclarecer lo que ha ocurrido con todas las vulneraciones de derechos humanos”.

También ha precisado que no se debe mezclar este asunto con el debate sobre el nuevo estatus político jurídico porque “no le hace ningún bien a la causa de las víctimas y la memoria”. “Y no le hace ningún bien a la cuestión del debate sobre el estatus o el derecho a decidir, mezclarlo con las cuestiones sobre cómo cerramos las heridas que se han abierto estos años”, ha aseverado.

OTEGI Y OTROS PRESOS

Fernández ha aludido a la existencia de “un conjunto de presos” que permanecen en prisión “por condenas por actividades políticas” relacionados con colectivos ilegalizados, entre ellos Arnaldo Otegi, y “un número importante de casos similares”.

“Estamos pidiendo que se trate esta realidad dentro de un planteamiento de modificación de la política penitenciaria y se busquen soluciones legales para normalizar la convivencia”, ha señalado.

A su juicio, cuando se habla de “representantes políticos encarcelados”, la “normalidad de la convivencia significaría dar pasos en ese sentido”.

En lo referente a “los casos de tortura”, ha especificado que el Gobierno autónomo tratará de hacer “un itinerario con homologación internacional” para “tratar de poner luz sobre esta cuestión”. Según ha apuntado, éste es un problema que afecta “a todas las Policías del mundo y tratar de poner luz sobre esta realidad es fundamental para que lo que ha ocurrido en el pasado no quede impune”.

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