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El Gobierno dice que si la Justicia argentina quiere escuchar a víctimas del franquismo debe cursar comisión rogatoria

EUROPA PRESS

MADRID —

Así se lo ha asegurado el Ejecutivo al portavoz de la Izquierda Plural en la Comisión de Justicia del Congreso, el diputado Gaspar Llamazares, quien pidió cuentas al ministerio que dirige Alberto Ruiz-Gallardón por haber “obstaculizado” que varias víctimas declarasen por videoconferencia a través del Consulado de Argentina en Madrid el pasado mes de mayo.

En su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, Justicia asegura que “se ha limitado a informar de la necesidad de que la práctica de cualquier diligencia judicial en España se solicite mediante la correspondiente comisión rogatoria internacional”, al amparo de lo que establece el Convenio de Asistencia Judicial existente entre España y Argentina.

Además, el Ejecutivo subraya que “es importante resaltar” que no le corresponde a él “prestar la necesaria colaboración a los órganos jurisdiccionales extranjeros en el marco de sus investigaciones”, sino que esa función es de “los tribunales de justicia españoles”.

UN MERO CARTERO

“El Gobierno se limita a dar trámite a las solicitudes que se reciban, siempre con estricto cumplimiento a la legalidad exigida en los convenios internacionales”, señala ante las acusaciones de Llamazares por no colaborar con la Justicia argentina.

Para el Ejecutivo, “no resulta posible compartir cualquier afirmación de carácter general que cuestione la actuación del Gobierno en cuanto a su colaboración con la Justicia” porque, según recalca, éste “cumple con sus obligaciones hacia la Justicia, tanto a nivel interno, como a nivel internacional, en todos los casos y siempre en aplicación y cumplimiento de la normativa vigente, tanto nacional como internacional”.

Así, tras insistir en que cumple sistemáticamente con su obligación de realizar las actuaciones de colaboración con la Justicia que en cada momento sean procedentes, aclara a Llamazares que, en el tema por el que le pregunta, ha sido la Fiscalía General del Estado, “en el ejercicio de sus funciones” la que ha dado respuesta a Justicia argentina y que el Ministerio de Justicia se ha limitado a trasladarla a las autoridades de aquel país.

“El Gobierno no ha obstaculizado ninguna solicitud de cooperación, dando trámite a cuantas solicitudes de auxilio judicial internacional se han recibido sobre el particular”, se defiende el departamento que dirige Ruiz-Gallardón.

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