El Gobierno y Navarra ratifican la potestad tributaria de la comunidad foral

El Gobierno y Navarra han ratificado hoy todos los acuerdos que supondrán la modificación del Convenio Económico y que contiene como medidas más importantes la potestad tributaria de la comunidad foral, con el fin de reducir la conflictividad entre ambas administraciones.

La ratificación se ha producido en la Comisión Negociadora que se ha celebrado tras la reunión que ha mantenido el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, en el Ministerio de Hacienda.

La vicepresidenta navarra y consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, Lourdes Goicoechea, ha explicado que se han ratificado los acuerdos logrados por la Comisión Coordinadora el pasado 21 de enero, de manera que se “acuerda remarcar la potestad tributaria que tiene Navarra”, con el objetivo de reducir la litigiosidad entre la comunidad foral y el Estado.

De esta manera, ha destacado la modificación de los artículos 2 y 6, en los que se llevan a cabo modificaciones para que la potestad tributaria de Navarra quede salvaguardada y se incorporan al convenio con efectos retroactivos impuestos que se han ido regulando a lo largo de 2013 y 2014, como los eléctricos y nucleares.

Sobre el acuerdo que incluye la resolución, sin coste para la comunidad foral, del conflicto sobre los 1.500 millones del IVA de Volkswagen, aunque revisados se quedarían en 800, que la Agencia Tributaria reclamaba a Navarra, Goicoechea ha insistido en que va incluido en el convenio, que es “donde deben ir este tipo de modificaciones”.

Ha negado que hayan ganado ningún “pulso” al Gobierno sobre el IVA de Volkswagen, y ha recordado que siempre mantuvieron que Navarra no debía hacer frente a esa deuda porque no le correspondía y lo que se ha hecho es articular un mecanismo que sirve además de para este caso, para otros similares que puedan darse.

Goicoechea también ha destacado que ha habido una mejora técnica en el convenio, de manera que se crea un procedimiento para que cuando un contribuyente haya pagado determinados impuestos a una administración y la otra administración los reclame, se establezca un procedimiento para que eso se corrija sin que perjudique al contribuyente y que no se pueda reclamar deuda alguna.

En este sentido, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha dicho que el objetivo es “evitar perjuicios a los contribuyentes”.

Beteta, que ha señalado que el acuerdo es “equilibrado” y supone una “mejor integración y coordinación de lo que es la hacienda navarra y estatal”, ha subrayado que el convenio “no es un privilegio” sino un método de relación diferente que tiene amparo en la Constitución.

De esta manera, ha dicho, se ha articulado “mejor” la potestad tributaria de Navarra, planteando los mecanismos de coordinación necesarios entre la Administración General del Estado y esta comunidad, que se desarrolla en los artículos 2 y 6 del convenio.

Al igual que Goicoechea, Beteta ha señalado que se incorporan con efecto retroactivo los impuestos eléctrico, nuclear, de entidades de crédito, actividades de juego o gases fluorados, en los mismos términos que se hizo en su momento con el País Vasco y ha explicado que se adapta el Convenio a la sustitución del céntimo sanitario por el recargo autonómico en el impuesto de hidrocarburos.

Beteta ha destacado que Navarra “va a disponer de más recursos tributarios”, salvo el eléctrico que está afectado al déficit de tarifa del Estado.

Goicoechea ha insistido en que se han armonizado todos los impuestos que se han ido regulando durante los dos años pasados y se ha referido al de loterías, al de juego “online”, regeneración de energía eléctrica o depósitos bancarios.

También se ha acordado cómo se tramitará la armonización entre las dos administraciones en el impuesto de extracción de gases no convencionales, actualmente en el Senado.

Goicoechea ha calificado el acuerdo como “muy importante” y ha agradecido la disposición del Estado en el proceso de negociación, en el que siempre ha destacado la “voluntad” de ambas administraciones por llegar a un acuerdo.

Beteta ha apuntado que ahora habrá que esperar a que el Parlamento instrumente el acuerdo a través de sus previsiones reglamentarias, y que será con toda seguridad antes de que termine el próximo mes de marzo.

Posteriormente, las Cortes Generales, ha añadido, lo tramitarán en términos de ratificación porque es “una norma en la que no cabe modificar ni una sola coma”.