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El Gobierno hace suya la crítica del PSOE a la ONU por descalificar la Ley de Amnistía, que fue clave en la Transición

El Gobierno de Mariano Rajoy ha hecho suyas la críticas que el anterior Ejecutivo socialista dedicó a Naciones Unidas después de que el Comité de Derechos Humanos recomendase a España derogar de la Ley de Amnistía de 1977. Según la argumentación común, al descalificar esta norma, la ONU cuestiona una decisión respaldada por toda la sociedad española y que fue clave para la Transición.

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El Gobierno hace suya la crítica del PSOE a la ONU por descalificar la Ley de Amnistía, que fue clave en la Transición

En 2009, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, encargado de velar por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mostró su preocupación por la pervivencia de la Ley de Amnistía y recordó a España que "los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles" y que las amnistías "relativas a las violaciones graves de los derechos humanos son incompatibles" con el citado pacto.

La semana pasada, otro órgano de la ONU, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas, que visitó España durante una semana el pasado mes de septiembre, ha aprobado otro informe en el que reclaman medidas legislativas y judiciales, para asegurar que las desapariciones forzadas "no sean crímenes sujetos a amnistía, en particular privando de todo efecto la Ley de Amnistía de 1977", que, a su juicio, supone un obstáculo para juzgar los crímenes del franquismo.

El portavoz de Justicia de la Izquierda Plural y diputado de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, acaba de recibir una respuesta del Gobierno a una batería de preguntas sobre las recomendaciones que, sobre esta materia, han realizado varios organismos internaciones a España. En ella el Ejecutivo del PP retoma los argumentos ya utilizado en su día por el Gabinete Zapatero.

En este escrito, que recoge Europa Press, el Gobierno reprocha a la ONU que no explicitase "en virtud de qué disposición del Pacto de Derechos Civiles y Políticos" realizaba sus recomendaciones de 2009, le asegura que "no acierta a ver" en qué medida entraban esos 'consejos' dentro del mandato del Comité y se queja de que el Estado español no pudo ejercer su derecho a réplica.

NO ES SU COMPETENCIA

También recalca que el Comité no transmitió "consideración, duda o pregunta alguna sobre la derogación de la Ley de Amnistía" a España y únicamente realizó algunas preguntas sobre las causas sobre desaparecidos que investigaba entonces la Audiencia Nacional.

"El Estado español también quisiera resaltar que el Comité está descalificando una decisión respaldada por toda la sociedad española y que contribuyó a la Transición a la democracia en España", dice, en referencia a la Ley de Amnistía que, según recuerda, "fue una demanda de toda la oposición democrática".

Agrega que "la opinión pública mundial" es conocedora y ha respaldado siempre la Transición en España, que ésta "fue posible, en parte, gracias a dicha ley" y que en julio de 2011, el Congreso rechazó una proposición que pretendía modificarla.

Por estos motivos, España lamenta la inclusión de este punto en las observaciones de la ONU y apunta que al hacerlo, el comité incurre en "disfunciones procesales en términos de competencia" y que, además, demuestra su "desconocimiento del origen y significación social de la Ley de Amnistía".

NO PUEDE HABER APLICACIÓN RETROACTIVA

Por otra parte, recuerda que el propio comité en varias de sus resoluciones sobre el alcance temporal de las obligaciones derivadas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sostiene que éste "aplicable 'frente a las vulneraciones sufridas con posterioridad a la entrada en vigor del Pacto y el Convenio'" es decir, que no puede aplicarse retroactivamente. España ratificó este pacto en abril de 1977.

Un argumento similar utiliza el Gobierno cuando se refiere a las observaciones sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad que le han realizado organismos como la ONU. Así, aunque asume que según el Código Penal estos delitos "no prescribirán en ningún caso", de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, "la declaración de imprescriptibilidad prevista en los Tratados Internacionales que han sido ratificados por España e incorporados a nuestro ordenamiento no pueden ser aplicados retroactivamente".

En cualquier caso, el Gobierno informa a Llamazares de que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha iniciado un "procedimiento de consulta" con vistas a la adhesión total a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de Naciones Unidas y que los departamentos ministeriales están realizando sus pertinentes informes al respecto.

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