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El Gobierno concede al PSOE un estatus especial al ceder en sus políticas más duras

El portavoz socialista, Antonio Hernando, se dirige a su escaño tras concluir su segundo turno de réplica en el debate de investidura.

Irene Castro

La premisa de “hagamos de la necesidad, virtud”, expresada por Mariano Rajoy para justificar su disposición al diálogo ante una mayoría insuficiente, se está demostrando en el Parlamento. El Gobierno ha escogido al PSOE como socio preferente dentro de la oposición. De ahí que en los últimos días, los conservadores se hayan mostrado dispuestos a negociar los aspectos más duros de la 'ley mordaza', y hasta un acuerdo en materia de pobreza energética, que ha dejado fuera de juego a Podemos y Ciudadanos.

La buena sintonía entre Rajoy y el presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, favorece que el Gobierno dé una imagen de diálogo mientras da a los socialistas la oportunidad para hacerse valer como “oposición útil” tras haber dejado, con su abstención, que los conservadores sigan en el poder.

Los partidarios de abstenerse defendieron con vehemencia tras la dimisión de Pedro Sánchez que el PSOE no podía llegar a Moncloa pero sí gobernar desde el Congreso. “Si somos capaces de darle duro a un Gobierno en minoría, creo que podemos tener una legislatura muy viva, que cambie muchas cosas. Podemos cargarnos las leyes más duras, las más agresivas”, explicó Eduardo Madina en una entrevista en eldiario.es.

La dirección del PSOE presume de estar consiguiendo torcer el brazo a los conservadores. El primer 'éxito' para los socialistas fue el anuncio de Rajoy de dejar sin efecto los aspectos académicos de la ley educativa.

En aquel momento, durante el debate de investidura, hube un rifirrafe con Ciudadanos, que se apropiaba de la medida como fruto de su pacto. “Yo lo he escuchado cuando lo ha exigido mi portavoz”, decía entonces un diputado socialista en referencia a las palabras de Antonio Hernando. Los tres partidos plantearon la creación de una subcomisión en la que abordar un pacto educativo fruto del consenso. El Congreso ha dado el primer paso en esa dirección.

Más discreta fue la negociación del objetivo de déficit para las comunidades autónomas. El Gobierno tuvo que ceder una décima de lo que pensaba inicialmente para conseguir el apoyo del PSOE. Los presidentes socialistas celebraron la flexibilidad, que supone unos 4.000 millones más para sus cuentas. Pero el grupo que dirige Hernando encajó otra condición: la subida del SMI. Siempre que tienen ocasión, los socialistas lo promocionan, pese al enfado que ha causado en los sindicatos su negociación independiente.

El Gobierno tampoco ha tenido a Albert Rivera como socio prioritario en la negociación de la ley del sector eléctrico. El PSOE ha conseguido anotarse el tanto de haber forzado la prohibición de cortar los suministros eléctricos en los casos de vulnerabilidad detectados por los servicios sociales. El Consejo de Ministros aprobará un decreto y los socialistas apoyarán su convalidación en el Congreso a finales de enero o principios de febrero.

La aceleración en el pacto también ha cogido con el pie cambiado a Unidos Podemos que lanzó una ofensiva tras la muerte de una mujer en Reus como consecuencia de la pobreza energética, pero que quedó sin efectos prácticos. Iñigo Errejón ha intentado apuntarse un tanto al asegurar que han logrado marcar “el camino” a PP y PSOE en esta materia.

El preferido del PP

La última cesión que se avecina es la suavización de la 'ley mordaza'. En su estreno, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, reconoció su disposición a enmendar a su antecesor, Jorge Fernández Díaz en los aspectos “susceptibles de ser mejorados”. Según El Mundo, Zoido está abierto a modificaciones que afecten a las sanciones por manifestaciones no comunicadas o a las multas por captar imágenes de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

El PSOE está abierto a negociar también cambios en la ley de seguridad ciudadana. Hernando instó a Rajoy a dar el primer paso antes de que comience a tramitarse la proposición de ley de los socialistas para sustituir la norma aprobada con el rodillo del PP en su anterior mandato.

Aún no se ha producido ningún contacto entre Interior y el PSOE, según fuentes socialistas, que están a la espera de lo que diga el ministro en la comisión este miércoles. Esas fuentes sostienen que están abiertos a apoyar una propuesta si va en la línea de lo que ha defendido el PSOE: la eliminación de los aspectos más duros, como las devoluciones en caliente o los “límites a los derechos de reunión, manifestación o la tutela judicial efectiva”, según los socialistas.

El doble juego del PSOE

En el PP reconocen que les interesa un PSOE que lidere la oposición frente a lo que consideran un agente radical como Podemos. Tampoco esconden que la negociación se simplifica si solo tienen que mirar a un actor (no como en el caso de los Presupuestos en el que el anunciado rechazo del PSOE obliga al Gobierno a convencer a Ciudadanos y PNV): “El apoyo del PSOE siempre va a ser preferible a la búsqueda del voto marginal porque el PP y los socialistas suman con holgura”, explicó sin tapujos Cristóbal Montoro tras el acuerdo económico para el objetivo de déficit.

No obstante, en la dirección interina del PSOE son conscientes de que le perjudica figurar siempre como el socio preferente del PP. Los socialistas huyen de todo lo que pueda asemejarle a la “gran coalición”. Por eso juega con una doble estrategia: acordar con los conservadores y hacerlo con el resto de grupos en los debates parlamentarios.

El último ejemplo se ha producido en el pleno del Congreso este martes en el que ha habido un juego de apoyos. El PSOE ha sacado adelante la toma en consideración de una proposición de ley para igualar las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados con el apoyo de Unidos Podemos, PNV, ERC y el grupo mixto, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PP.

Los socialistas han apoyado, además, una propuesta del PNV para acabar con la reforma del Tribunal Constitucional acometida por Rajoy hace un año y medio para inhabilitar a los políticos catalanes que incumplieran sus resoluciones. Unidos Podemos y las fuerzas independentistas también lo han apoyado. La artimética parlamentaria dará para mucho esta legislatura.

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