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El Gobierno remarca que si Puigdemont responde con su discurso del lunes, se activará el siguiente paso del 155

El Gobierno activará el siguiente paso en la aplicación del artículo 155 de la Constitución si el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no responde al requerimiento que se le ha hecho este miércoles para saber si ha declarado o no la independencia o si lo hace, por ejemplo, remitiendo a Moncloa el discurso que pronunció el martes ante el Parlament.

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El Gobierno remarca que si Puigdemont responde con su discurso del lunes, se activará el siguiente paso del 155

Así lo recalcan fuentes gubernamentales, que insisten en que, ante la pregunta formulada por el Ejecutivo únicamente cabe contestar con un 'sí' o un 'no', y que cualquier otra contestación se entenderá como 'respuesta nula', o sea, una negativa a responder.

FORCADELL TAMBIÉN ESTÁ AFECTADA

También subrayan que el requerimiento, aunque se dirige a Puigdemont como máxima autoridad de Cataluña, afecta también a la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, y al resto de la Mesa de la cámara autonómica puesto que el Gobierno demanda saber si alguna "autoridad" ha hecho esa declaración de independencia.

Es decir que es el presidente de la Generalitat quien debe recabar la respuesta del resto de instituciones catalanas, sin necesidad de que el Gobierno de la Nación tenga que haberse dirigido a cada una de ellas.

En todo caso, desde Moncloa admiten que, con independencia de las derivas jurídicas de este asunto, aún ven margen para una rectificación política porque, si no, añaden, no habrían cursado el requerimiento.

LA SEGUNDA FASE AÚN NO ESTÁ DEFINIDA

Además, reconocen que todavía no se han definido todas las medidas que podrían proponerse de activarse la segunda fase del 155 y, por eso, no avanzan si éstas podrían ponerse sobre la mesa ya en el Consejo de Ministros del 20 de octubre.

Una de las cuestiones que podría plantearse entonces sería llevar la declaración de independencia ante el Tribunal Constitucional, ya fuera mediante una ejecución de sentencia de los recursos presentados contra la ley de referéndum o mediante una impugnación de un acto realizado por un representante de comunidad autónoma.

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