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El Gobierno rechaza extraditar a Turquía al periodista Hamza Yalçin por su condición de refugiado en Suecia

EUROPA PRESS

MADRID —

El Consejo de Ministros ha rechazado este viernes la extradición a Turquía del periodista Hamza Yalçin porque tiene la condición de refugiado en Europa, concretamente en Suecia, donde se le concedió dos veces el asilo y obtuvo la nacionalidad en el año 2006.

“El Gobierno ha acordado no continuar la vía judicial del procedimiento de extradición como había pedido el Gobierno turco”, ha anunciado el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

Con esta decisión se cierra definitivamente la causa abierta el pasado 3 de agosto, cuando Yalçin fue detenido en el aeropuerto de El Prat (Barcelona) en virtud de una orden internacional de detención emitida por Turquía, que después solicitó a las autoridades españolas la extradición del periodista alegando un presunto delito de formación y dirección de organización terrorista.

Tras casi dos meses en prisión provisional, al no tener ningún tipo de arraigo en España, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 le dejó ayer en libertad con medidas cautelares al haber aportado su defensa un domicilio en Barcelona donde Yalçin podía ser localizado.

DOCUMENTACIÓN APORTADA POR LA EMBAJADA SUECA

Según ha explicado en rueda de prensa el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, cuya fundación representa al periodista de forma gratuita a través del despacho de abogados ILOCAD, sus abogados habían entregado tanto al Ministerio de Justicia como al Juzgado Central de Instrucción la documentación facilitada por la Embajada sueca sobre la condición de refugiado de Yalçin. Y ahora, el Consejo de Ministros ha rechazado entregarle a Turquía.

“Conforme a la documentación aportada al expediente por las autoridades suecas, a Hamza Yalçin le fue reconocida la condición de refugiado en Suecia en dos ocasiones, en 1987 y 1998. Posteriormente, en 2006 se le concedió la nacionalidad sueca como medio de otorgarle una protección reforzada a la propia del estatuto del refugiado al persistir, a juicio de dichas autoridades, las circunstancias que hasta en dos ocasiones habían justificado la concesión del asilo”, explica el Gobierno en un comunicado.

En la rueda de prensa de esta mañana junto a Garzón, antes de conocerse la decisión del Gobierno pero después de que fuera puesto en libertad provisional, el propio Yalçin ha dicho sentirse “muy feliz” por haber podido salir de prisión y ha admitido que ya se estaba preparándose psicológicamente para una “cadena perpetua”. “Cuando me arrestaron, el mundo cambió para mí”, ha dicho.

TRATO “NO MUY BUENO” EN LA CÁRCEL

El periodista ha señalado que el trato que ha recibido en la cárcel de Brians I, en Barcelona, “no ha sido muy bueno”, pues considera que los funcionarios de la prisión se comportaban “como dictadores” con los presos. Eso sí, ha reconocido que la situación cambió hace unos diez días y el trato mejoró.

Baltasar Garzón se ha congratulado por la puesta en libertad de Yalçin y considera que habría sido una “locura” y una “irresponsabilidad” entregar a Turquía a una persona que ha escrito y se ha manifestado públicamente en contra del régimen.

El exmagistrado de la Audiencia Nacional cree que “hay cosas que mejorar en la coordinación policial” porque Yalçin ha permanecido dos meses en prisión cuando “tiene reconocido el carácter de refugiado político”, algo que tiene vigencia en toda la UE, por lo que los países tienen “obligación de no entregarlo”.

TURQUÍA HA DE SER “CONSTANTEMENTE EXAMINADO”

Además, Garzón ha recordado que la Interpol tiene la “obligación de estudiar todas las reclamaciones” que hacen los países cuando en éstos se ha cuestionado el respeto a los Derechos Humanos. Y, en este caso, “Turquía es un candidato ideal para ser constantemente examinado”, ha añadido.

En este sentido, la fundación que preside Garzón entregó también al Ejecutivo una carta que firmaron las ministras de Exteriores de Suecia y Alemania y que enviaron a la alta representante de la UE Federica Mogherini denunciando la utilización que algunos Estados pueden estar haciendo de la Interpol para detener a disidentes.

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