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Gobierno Vasco: El Ejecutivo no da credibilidad a la nueva etapa de relaciones

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El portavoz y consejero de Gobernanza pública y Autogobierno del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha dicho hoy que con su recurso a la ley de adicciones el Ejecutivo central "ha dejado pasar una gran oportunidad para dar credibilidad a su mensaje de nueva etapa en las relaciones interinstitucionales".

El Consejo de Ministros ha acordado hoy recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) el artículo 83 de la ley vasca de adicciones, ante la falta de acuerdo en la Comisión Bilateral para evitar la interposición del recurso.

El precepto hoy recurrido supone la creación de "Entidades de personas consumidoras de cannabis" que contarán con instalaciones en las que podrá consumirse cannabis y a las que podrán acceder adultos que cumplan unas condiciones que se determinarán; además, promoverán el consumo responsable del cannabis y otras sustancias.

En un comunicado, el Ejecutivo vasco "lamenta" que el Gobierno haya, finalmente, materializado hoy el recurso ante el Tribunal Constitucional contra una ley que "fue aprobada por una amplísima mayoría del Parlamento Vasco, incluido el PP".

Erkoreka añade que el Gobierno Vasco esperaba "un esfuerzo mayor" del Ejecutivo central porque cree que "el acuerdo, además de esperado, era posible". "El Gobierno español sigue sin pasar de las palabras a los hechos en su relación con Euskadi", subraya.

Además, ha calificado de "error, desde el punto de las relaciones entre ambas instituciones" que el Gobierno central no haya comunicado oficialmente al vasco la presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional.

Por último, el Gobierno Vasco ha reiterado su "compromiso con la defensa del autogobierno y las competencias contempladas en el Estatuto de Gernika" y ha recordado que aún quedan dos leyes más pendientes de negociación bilateral previa a la sustanciación de recurso.

Anuncia que "trabajará y pondrá todos los mecanismos a su alcance para evitar que el Gobierno español recurra ambas leyes", la de reconocimiento y reparación de víctimas policiales entre 1978 y 1999 y la de iniciativa legislativa popular.

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