El Gobierno agilizará el embargo de bienes a etarras con deudas con el Estado

El Gobierno quiere investigar el patrimonio y embargar y cobrar directamente, en colaboración con la Agencia Tributaria, las deudas que tengan con el Estado los etarras excarcelados por la anulación de la doctrina Parot, de manera que se agilice el proceso actual, que implica el paso por los tribunales.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha hecho este anuncio tras el Consejo de Gobierno, al ser preguntada por el motivo por el que el grupo parlamentario popular votó ayer en contra de una moción de UPyD en la que se instaba a modificar la legislación para impedir que los etarras liberados tras la derogación de la aplicación retroactiva de la doctrina Parot cobren ayudas si no se arrepienten.

Esa petición se recogía en una enmienda transaccional pactada entre PP y UPyD que no se incorporó en la votación final debido a que Amaiur la frenó acogiéndose al reglamento de la Cámara, por lo que finalmente se votó el texto original de UPyD, que tampoco salió adelante al oponerse los populares.

Sáenz de Santamaría ha explicado que las posiciones del PP y de UPyD son “diferentes” porque los populares “no entran al asunto de la responsabilidad civil en genérico”.

Ha relatado que los populares y el Gobierno quieren “dotar al Estado de los instrumentos que tiene, a través por ejemplo de la Agencia Tributaria, para poder llevar a cabo directamente investigaciones patrimoniales y embargos de bienes a las personas que tienen una deuda con el Estado”, porque éste anticipó la responsabilidad civil a las víctimas de atentados.

“Eso no estaba en la moción de UPyD, porque probablemente sea un tema que es en la Administración General del Estado donde se conoce y donde se sabe bien cuáles son los problemas que nos encontramos”, ha argumentado.

La vicepresidenta ha explicado que actualmente el Ejecutivo tiene que ir a los tribunales para que se autorice una investigación patrimonial y se ejecute por ejemplo un embargo a los etarras que deben dinero al Estado, a pesar de que esta deuda esté acreditada en la sentencia judicial que les condenó.

El Gobierno quiere que en estos casos el Estado “pueda directamente cobrar o embargar” con “los instrumentos ágiles y eficaces que tienen entre otros la Agencia Tributaria, y igual que se hace con otro tipo de deudas tributarias”.

Ha incidido en que esto es “muy importante y clave” porque daría “muchísima agilidad” y permitiría “estar muy pendiente si estas personas cobran una herencia o si adquieren bienes”, para proceder a cobrarles lo que deben al Estado.

El Ejecutivo también quiere “blindar las decisiones que se tomen respecto a ulteriores recursos, porque tan importante como hacer las cosas es hacerlas bien”, ha señalado la vicepresidenta.

Por eso, ha dicho, el Gobierno trabajará para que las futuras normas “salgan legal y constitucionalmente de la manera más clara y más segura”.

La vicepresidenta también se ha referido, a preguntas de los periodistas, a una posible reforma legal para que se prohíba dar clase en el País Vasco y Navarra a personas que hayan cumplido condena por delitos de terrorismo.

Ha precisado que tanto el Gobierno como otras administraciones están estudiando medidas desde el punto de vista de “garantizar lo que en este tema es fundamental: la seguridad e integridad de quien recibe esa enseñanza y la garantía de que se respeten los valores democráticos dentro del ejercicio del derecho a la educación”.