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El Gobierno andaluz ratifica el acuerdo que eleva la jornada laboral a 37,5 horas

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El Gobierno andaluz ratifica el acuerdo que eleva la jornada laboral a 37,5 horas

El Gobierno andaluz ratifica el acuerdo que eleva la jornada laboral a 37,5 horas

El Gobierno andaluz ha dado hoy luz verde a la ratificación del acuerdo alcanzado hace una semana entre la Junta y los sindicatos para elevar la jornada en la administración autonómica de 35 a 37,5 horas semanales, un acuerdo que se ha comunicado al Tribunal Constitucional.

La ratificación se produce una vez que se ha concretado el sistema de seguimiento del cumplimiento de dicha jornada al ser 2,5 horas no presenciales, y será la Consejería de Hacienda y Administración Pública la responsable del mismo.

El proceso de seguimiento será similar al establecido para las "jornadas ordinarias", es decir, que el cómputo de las 2,5 horas no presenciales será supervisado anualmente por los responsables directos del personal de cada departamento.

La titular de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que la ratificación del acuerdo no deja "ninguna duda" sobre la voluntad de la Junta de acatamiento de la sentencia del Tribunal Constitucional que tumbó la jornada laboral de 35 horas, lo que es "compatible con la defensa de los derechos" de los empleados públicos, ha recalcado.

Montero ha vuelto a exigir que los Presupuestos Generales del Estado para el 2018 "recuperen las 35 horas para los empleados públicos en el conjunto del Estado" y ha apostillado: "Si no es así, si no se recuperan, el Gobierno debería explicar públicamente por qué ha aprovechado la crisis para liquidar derechos".

El acuerdo para elevar la jornada laboral a 37,5 horas semanales fue suscrito el pasado 18 de diciembre entre la Junta y las organizaciones sindicales UGT, CC.OO. y CSIF, representadas en la Mesa General de Negociación Común del personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía.

Este documento establece una jornada laboral con 35 presenciales, completadas con media hora diaria de formación y preparación de tareas fuera del puesto de trabajo.

De esta forma, el Gobierno andaluz aplicará la reciente sentencia del Tribunal Constitucional ejerciendo su competencia reconocida en el Estatuto de Autonomía de Andalucía para la organización general de su función pública, así como en el Estatuto Básico del Empleado Público, que dispone que las administraciones públicas establecerán la jornada general de trabajo de sus funcionarios.

Según el acuerdo aprobado, 35 horas semanales de promedio en cómputo anual serán de obligada permanencia en el puesto de trabajo y las 2,5 restantes -hasta completar las 37,5- se dedicarán a la preparación, organización de tareas, consulta e información de materias relacionadas con la actividad laboral, además de a la formación para el perfeccionamiento y desarrollo profesional.

Estas 2,5 horas no presenciales tendrán la consideración de trabajo efectivo y computarán dentro de la jornada general.

La consejera ha subrayado que la fórmula acordada con los sindicatos garantiza el mantenimiento del empleo para asegurar el nivel de calidad de los servicios públicos, de modo que no habrá despidos ni se rescindirán los contratos realizados durante la vigencia de las 35 horas semanales en la Junta de Andalucía.

Montero ha destacado que se ha remitido el contenido de este acuerdo al Tribunal Constitucional para que haya "absoluta transparencia" y las "máximas garantías" de que se cumple la sentencia.

"No hay ninguna duda sobre la voluntad y la convicción de la Junta del acatamiento de la sentencia, lo que es compatible con la defensa de los derechos de los empleados públicos", ha señalado Montero, que ha considerado que la Junta de Andalucía hace de "contrapeso" frente a quienes "han utilizado la crisis como una coartada para arrebatar los derechos de los trabajadores".

Así, ha sostenido que no puede existir recuperación económica si, en paralelo, no hay una recuperación de derechos.

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