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El Gobierno confía en poder aprobar la Ley de Transparencia antes del verano

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El Gobierno y los partidos se reúnen hoy para acelerar la Ley de Transparencia

El Gobierno y los partidos se reúnen hoy para acelerar la Ley de Transparencia

El secretario de Estado de la Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, ha mostrado hoy su confianza en que la Ley de Transparencia pueda aprobarse con un amplio consenso en el Congreso antes del verano y tramitarse en el Senado a partir del mes de septiembre para que esté en el BOE "cuanto antes".

"Estamos en disposición de encontrar un acuerdo entre todos, la voluntad del Gobierno es que sea una ley de todos y para todos", ha subrayado Ayllón antes de reunirse con los grupos parlamentarios en el Congreso para dar un nuevo impulso a la tramitación de la ley, que llegó al Congreso en septiembre del año pasado.

Uno de los puntos de la ley que más debate ha suscitado ha sido si la ley de transparencia debe afectar también a la Corona.

El Gobierno no ve problema en hacer públicos aquellos gastos de la Casa del Rey imputables a departamentos ministeriales, como los viajes al extranjero, los gastos de seguridad o de mantenimiento de los palacios de Patrimonio Nacional, aunque limitándolos en términos similares a los de los órganos constitucionales.

Otra de las cuestiones que se debatirán hoy será el porcentaje de financiación pública que servirá de base para que una institución privada tenga que estar sujeta a las normas sobre transparencia, de forma que se conozca el destino de esos fondos.

Una de estas instituciones podría ser la Iglesia Católica, ha reconocido a preguntas de los periodistas Ayllón, quien se ha mostrado contrario a que la ley contemple un listado cerrado de instituciones obligadas, porque prefiere la fijación de un criterio objetivo.

En representación del PSOE, la diputada Meritxell Batet ha explicado que acude a la reunión con "voluntad de acuerdo" para una "ley trascendental que supone un punto de inflexión en el modelo de relaciones entre administraciones públicas y ciudadanía".

Para llegar a ese consenso, los socialistas proponen varios cambios, entre ellos que la Agencia que fiscalice si la Administración la cumple sea "independiente del Gobierno" y que la ley prevea sanciones, en el ámbito de la publicidad activa, para las administraciones que no pongan información a disposición de los ciudadanos.

Los socialistas también apuestan por que la ley obligue a la Administración a publicar la justificación de la denegación de una información que le requieren los ciudadanos.

Al igual que el resto de los grupos, el PSOE pide incluir en el ámbito subjetivo de la ley a la Casa Real partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales y entidades privadas que reciban dinero público.

Por su parte, el diputado de CiU Jordi Jané ha dicho que acude a la reunión con voluntad de consenso y de llegar a acuerdos para que la ley se abra a todas estas instituciones que reciben fondos públicos para que sea más útil.

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