El Gobierno aprobará cada año un plan con las leyes que habrá al siguiente

El Gobierno aprobará antes del 30 de abril de cada año un plan normativo con las leyes que elevará al Parlamento al ejercicio siguiente, una práctica que comenzará a aplicar a partir de 2017.

Este anuncio lo ha realizado hoy la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, en su comparecencia ante la Comisión Constitucional del Congreso para informar de las principales líneas de actuación del Gobierno en las materias que son de su competencia.

Sáenz de Santamaría ha explicado que este plan contendrá una previsión de las iniciativas legislativas o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación al año siguiente, con independencia de que pueda haber algunas que se incluyan posteriormente por su carácter de urgencia o consecuencia de los compromisos de España con la Unión Europea.

Una vez aprobado por el Consejo de Ministros, este plan se remitirá a las Cortes y posteriormente se publicará en el Portal de la Transparencia para conocimiento del conjunto de los ciudadanos.

La vicepresidenta ha expuesto también la intención del Gobierno de dotar de mayor transparencia a los procedimientos de preparación de las normas y, así, realizará una consulta pública a través de la web con carácter previo a la redacción de todas las propuestas normativas en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma.

El compromiso es remitir una memoria de la consulta pública electrónica a las Cortes con toda la documentación que habitualmente acompaña a los proyectos de ley.

El Gobierno también hará una evaluación posterior de las leyes aprobadas para analizar sus efectos y si cumplen los objetivos previstos.

Los informes correspondientes de evaluación serán públicos y también se remitirán a las Cortes.

Además, la vicepresidenta ha considerado que ha llegado el momento de trabajar sobre los derechos de los ciudadanos en la red.

Hasta ahora, ha explicado que España se ha dotado de “un sistema de derechos y libertades y de protección de los mismos en analógico y que no piensa aún en la tecnología digital”.

Por ello, ha considerado necesario garantizar libertades como la de expresión -para hacerla compatible con cualquier otro derecho y con los derechos de los demás-, la protección de los menores en la red, la ciberseguridad, el derecho al honor o la protección de la intimidad, ya que cree que todas ellas están desprotegidas en el ámbito digital.

La vicepresidenta ha informado de que el Gobierno seguirá aprobando en las próximas semanas iniciativas legislativas pendientes de trasponer por el compromiso de España con la Unión Europea, y de que pretende poner en marcha una nueva fase en el programa de mejora de la calidad normativa iniciado en la X legislatura.