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El Gobierno aprueba las leyes que acabarán con el papeleo administrativo

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La reforma de la Administración acumula un ahorro de 20.200 millones de euros

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El Consejo de Ministros ha aprobado hoy las leyes de procedimiento administrativo común y de régimen jurídico del sector público que, entre otras medidas, acabarán con el papel en la relación de los ciudadanos con la administración.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado hoy que estas dos leyes son además "fundamentales" para "consolidad todos los esfuerzos" que las administraciones han realizado durante la legislatura para reducir y racionalizar el sector público.

El primero de los dos proyectos de ley -régimen jurídico del sector público- regulará las relaciones externas entre las distintas administraciones y los administrados, es decir, los ciudadanos, mientras que la ley de procedimiento administrativo común se centra en la regulación sistemática de las relaciones internas entre administraciones.

Ambas normas, que han vuelto al Gobierno una vez pasado el trámite consultivo, buscan una administración electrónica, interconectada y transparente, así como facilitar las relaciones de los ciudadanos con las distintas administraciones del Estado.

Pero el objetivo principal es facilitar las relaciones de los ciudadanos con la administración, con una clara apuesta por la relación electrónica.

Así, se habilita la presentación de escritos "en cualquier momento" y en cualquier administración de forma electrónica y se dan los pasos para la "asistencia personal" de las administraciones a los ciudadanos que lo soliciten.

En ese sentido, la vicepresidenta ha explicado que se ha previsto que una administración pueda avisar mediante un mensaje al teléfono móvil del ciudadano que lo haya solicitado, de que tienen una notificación que pueden consultar a través de internet.

Como regla general, se establece la no solicitud de documentos originales, como la declaración de la Renta o el certificado de empadronamiento, si obran en poder de la administración.

Se eliminan también las fotocopias. La administración no las pedirá si se trata de documentos que ya están registrados, y corresponderá al organismo en cuestión, y no al ciudadano, aportarlo.

Para los trámites en los que estén implicadas distintas administraciones, la vicepresidenta ha dicho que el Gobierno está trabajando en la puesta en marcha de una "plataforma de intermediación de datos".

De esta forma, si en un procedimiento con una administración se requieren papeles que obren en poder de otra, se podrán conseguir a través de esta plataforma de intermediación de datos.

Además, se habilita un procedimiento administrativo exprés para "casos de menor complejidad", ha dicho Sáenz de Santamaría, y se generalizan, en todos los procedimientos administrativos, la reducción del importe de las sanciones por pronto pago o reconocimiento de la responsabilidad.

Entre otras medidas, se pondrá en marcha un inventario "único y público" de todos los organismos que dependen de las distintas administraciones del Estado, así como un registro de todos los organismos que colaboran con la administración y los convenios firmados por el Estado.

La vicepresidenta ha explicado que ésta era una de las medidas que demandaban las comunidades autónomas y que permitirá saber a los ciudadanos qué empresas u organismos dependen de cada administración, así como cuáles existen, ya que habrá una web de los registros que podrá ser consultada públicamente.

Todas las comunicaciones entre administraciones serán, además, por la vía digital, y se refuerza el control y la disciplina de las administraciones públicas para lograr la consolidación fiscal.

Las nuevas normas introducen también importantes novedades para las empresas, que se relacionarán "obligatoriamente" de forma electrónica con todas las administraciones, como ya hacen con Hacienda y la Seguridad Social.

Se reducen también las cargas administrativas, al no exigirse documentos que ya tiene la administración o que puede elaborar, y se fija una fecha común -los meses de abril y junio- para la entrada en vigor de normas que puedan afectar a las empresas, de forma que sólo tengan que adaptarse en dos momentos del año y puedan planificar su actividad.

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