El Gobierno argentino avanza en la reforma de la Inteligencia con trámite de urgencia

El kirchnerismo impuso hoy su mayoría parlamentaria en dos comisiones del Senado argentino para lograr el acuerdo necesario y avanzar en el trámite de urgencia de la reforma de los servicios de Inteligencia, pese al plantón de la oposición.

El kirchnerismo y sus aliados, con mayoría en la Cámara alta, aceptaron algunas modificaciones a la propuesta inicial tras escuchar a miembros del Centro de estudios Legales y Sociales (CELS) y al especialista en seguridad Marcelo Saín, invitados por ellos mismos.

El proyecto, que será debatido el jueves de la semana próxima por el pleno del Senado, establece la disolución de la actual Secretaría de Inteligencia y su sustitución por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que asumirá el mismo personal.

La diferencia radica en que la AFI ya no tendrá competencias para ordenar escuchas telefónicas, que ahora pasan a la órbita de la Fiscalía General, encabezada por Alejandra Gils Carbó, cuestionada por la oposición por su proximidad con la presidenta, Cristina Fernández.

Según el proyecto que recibió hoy visto bueno en comisiones, la nueva AFI será la cabeza del Sistema de Inteligencia Nacional y tendrá a su cargo “la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información” sobre hechos “que afecten la Defensa nacional y la seguridad interior”.

Entre los principales cambios, se establece que las actividades de inteligencia serán ordenadas solo por las máximas autoridades y que, en caso de urgencia, los agentes deberán informarlas “de manera inmediata”, mientras que el proyecto original les concedía 72 horas para informar.

Además, el nuevo texto especifica cuáles son los delitos susceptibles de actividades de inteligencia: terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, ciberdelitos, y actos contra el orden económico y financiero, así como los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional.

La nueva versión también ordena crear “un régimen del personal” para la AFI que “establezca los niveles de reserva de identidad adecuados conforme las tareas” pero procure el carácter público de sus funcionarios.

El oficialismo afirmó que quedará abierto a nuevas modificaciones hasta que se trate el proyecto en el recinto.

Durante la reunión de comisiones, a la que por segundo día no acudió la oposición, el titular del CELS, el oficialista Horacio Verbitsky, criticó el retraso en la reforma de los servicios de Inteligencia y lamentó que el tema se tramite de forma extraordinaria en el Congreso.

“Me parece que es demasiado grave y demasiado serio como para hacerlo ”a la disparada“, dijo.

Criticó que el proyecto “consolida lo que nosotros consideramos que es un error, que es la actuación de la Secretaría de Inteligencia o de la Agencia Federal como auxiliar de la Justicia. Ese es el origen de la desviación de poder y de funciones que ha hecho explosión en los últimos años”.

El titular del CELS pidió también reducir los 25 años de plazo que marca la normativa argentina para desclasificar información y establecer mecanismos de control de los fondos reservados, punto este último que finalmente no se modificó.

Mientras, la oposición, que este martes plantó al Gobierno y que hoy se reunió también por separado en el Senado insiste en que el debate de urgencia planteado por el Ejecutivo pretende distraer la atención del escándalo provocado por la muerte del fiscal Alberto Nisman, que falleció en circunstancias dudosas tras denunciar a la presidenta por presunto encubrimiento de sospechosos iraníes de un atentado contra intereses judíos.

Una postura de la oposición que ha sido criticada por el Gobierno, que considera que “es una estrategia incomprensible, inentendible en democracia”, en palabras del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.

El oficialismo pretende avanzar en el Senado con el proyecto la próxima semana y convertirla en ley en Diputados antes de fin de mes.

La reforma de los servicios de Inteligencia fue anunciada por la presidenta tras el escándalo provocado por la muerte del fiscal Nisman, hallado en su casa con un tiro en la cabeza el pasado día 18 de enero, en vísperas de comparecer ante el Congreso para detallar la denuncia por encubrimiento presentada contra Fernández.

Según el fiscal, Fernández y algunos de sus colaboradores orquestaron un plan para encubrir a los sospechosos iraníes del atentado contra la sede en Buenos Aires de la institución judía AMIA, que dejó 85 muertos en 1994.

El Gobierno sostiene que la muerte de Nisman se enmarca en una operación de desestabilización de agentes secretos desplazados de sus cargos el pasado diciembre.