Gobierno argentino y ONU reanudan cruce de acusaciones por reforma judicial

El Gobierno argentino y la relatora especial de Naciones Unidas Gabriela Knaul reanudaron hoy el cruce de acusaciones por la reforma judicial puesta en marcha por el Ejecutivo de Cristina Fernández.

“El proyecto de las medidas cautelares va a restringir el acceso a la Justicia. La Justicia no es un órgano político, es un órgano técnico que aplica la ley”, aseguró hoy Knaul a Radio Mitre.

La experta de la ONU exhortó el lunes al Gobierno argentino a reconsiderar los proyectos de ley para reformar el Consejo de Magistratura y para limitar las medidas cautelares y hoy reiteró que existe “un potencial riesgo de que se rompa la independencia” si dichas iniciativas se convierten en ley.

El representante permanente de Argentina ante los Organismos Internacionales en Ginebra, Alberto Pedro D'Alotto, explicó a Knaul en una misiva que “ha sido mal informada respecto de los proyectos en consulta, siendo sus comentarios y sugerencias manifiestamente inexactos e incorrectos”.

D'Alotto consideró que las críticas no tienen validez y suponen “una intromisión inaceptable en cuestiones internas de la República Argentina”, según la carta difundida anoche por la Cancillería argentina.

En el extenso documento, el funcionario argentino detalla cómo se elegirán por voto popular los nuevos miembros del Consejo de la Magistratura, el órgano que designa y destituye jueces, si se aprueba el proyecto de ley; y las garantías a la tutela judicial efectiva que ofrece la norma sobre medidas cautelares.

Knaul, experta designada por el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU para investigar e informar sobre la independencia de los magistrados y los abogados en el mundo, dijo el lunes que “el Estado tiene el compromiso de asegurar la independencia de la judicatura mediante el respeto de su legislación a los estándares internacionales”

La misiva enviada por D'Alotto sigue a una primera reacción, aún más dura, de la Cancillería argentina, que acusó a la relatora de haber convertido “a las Naciones Unidas en fiscal, juez y verdugo contra un país miembro”.

La Cancillería afirmó que Knaul había manifestado “su ignorancia o parcialidad política al recomendar un diálogo participativo e inclusivo con la sociedad y la comunidad jurídica”.

“Seguramente desconoce que fue la propia sociedad civil quien propuso y obtuvo varios de los cambios que fueron incorporados a los proyectos en debate”, indicó la cartera de Exteriores en un comunicado.

La Cámara de Diputados argentina aprobó los proyectos de ley de reforma del Consejo de la Magistratura y la regulación de medidas cautelares contra el Estado el pasado 24 de abril.

El primero de ellos fue modificado y volverá al Senado la próxima semana para su tramitación final, mientras que el segundo entró en vigor el pasado martes.

La polémica reforma judicial se completa con un proyecto de ley para crear tres cámaras de casación, otro para democratizar el acceso a la Justicia, uno más para publicitar los actos del Poder Judicial y un último de transparencia que obligará a publicar las declaraciones juradas de los funcionarios judiciales.