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El Gobierno argentino denuncia una "arremetida" judicial tras decisiones adversas

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El Gobierno argentino denuncia una "arremetida" judicial tras decisiones adversas

El Gobierno argentino denuncia una "arremetida" judicial tras decisiones adversas

El Gobierno de Argentina cuestionó hoy a la Justicia tras la confirmación del procesamiento del vicepresidente, Amado Boudou, y la ratificación del juez que investiga una empresa participada por la presidenta, Cristina Fernández, abiertamente enfrentada con el Poder Judicial.

Para el Ejecutivo hay un "ataque" contra el Gobierno orquestado entre la Justicia y las corporaciones y resulta "llamativo" que decisiones judiciales adversas a funcionarios públicos se hayan adoptado un día después de la multitudinaria marcha en homenaje al fallecido fiscal Alberto Nisman.

"Hay una arremetida corporativa, mediática y judicial", dijo hoy en rueda de prensa el jefe de Gabinete argentino, Jorge Capitanich.

Ayer jueves, la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Boudou por "cohecho pasivo y negociaciones incompatibles" con su cargo en un caso de presunta corrupción relacionado con la compra de la imprenta de papel moneda Ciccone.

Según el auto de procesamiento, el vicepresidente y su socio José María Núñez Carmona habrían adquirido la imprenta, que había quebrado, mientras Boudou era ministro de Economía (2009-2011) con el fin último de contratar con el Estado la impresión de billetes y documentación oficial.

Por otra parte, también ayer, la Cámara Federal rechazó un recurso de recusación del juez Claudio Bonadío, que investiga presuntas irregularidades administrativas en la empresa Hotesur, que gestiona el hotel de lujo Alto Calafate y de la que es accionista Fernández.

"No hay ninguna duda de que en Argentina la Justicia no es independiente de las corporaciones. Las corporaciones mediáticas y económicas concretadas tienen una agenda muy particular", dijo hoy Capitanich, quien aseveró que las causas judiciales que afectan a grupos de medios "están estancadas" y "forman parte de un pacto de impunidad".

Según el jefe de Gabinete, "ese pacto de impunidad significa protección mediática para fiscales y jueces a cambio de no proseguir con las causas" e incluye "ataques despiadados, desmedidos e infundados a miembros del poder Ejecutivo".

Por su parte, el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, consideró "llamativo" que se hayan adoptado esas medidas judiciales un día después de la marcha de homenaje a Nisman, convocada por fiscales que tienen entre manos causas que afectan a cargos del Gobierno y en la que muchos ciudadanos mostraron sus reclamaciones de justicia.

"La Justicia tiene que hacerlo todos los días. No estoy pidiendo días especiales para eso o días de retiro por una marcha, pero es muy llamativo determinadas situaciones", señaló Aníbal Fernández en declaraciones a los periodistas.

Nisman, que investigaba el atentado de 1994 contra la mutua judía AMIA, fue hallado muerto de un disparo en la cabeza el 18 de enero, cuatro días después de haber presentado una denuncia contra la presidenta por el presunto encubrimiento a los iraníes acusados del caso.

El Gobierno afirma que la denuncia no tiene fundamento y la vincula a un intento de desestabilización orquestado por agentes de inteligencia cesados el año pasado.

La Justicia aún no ha logrado determinar si la muerte de Nisman fue suicidio u homicidio, fiscales y políticos de oposición han denunciado presiones al trabajo de jueces y procuradores, entre ellas, la espada de Damocles de un juicio de destitución arbitrado por un consejo dominado por oficialistas.

La pugna entre el Ejecutivo y la Justicia no es nueva, ya que el Gobierno se queja desde hace años de las medidas cautelares que benefician a grupos económicos y culpa a los jueces de dejar libres a responsables de delitos que alimentan la ola de inseguridad, uno de los principales problemas que aquejan a los argentinos.

A la controversia se han sumado los contrapuntos entre el Gobierno y la Corte Suprema por los presupuestos para la Justicia y las reformas del Código Civil y Comercial y del Código de Procedimientos Penales impulsadas por la presidenta y que han sido objetadas en varios puntos por juristas y magistrados.

En este contexto de conflicto permanente, las denuncias que rozan al Gobierno avanzan: una investigación contra Boudou por la presunta falsificación de la documentación de un vehículo ya fue elevada a juicio oral y, con la decisión de ayer, la causa de la imprenta Ciccone parece ir con un rumbo idéntico.

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