El Gobierno argentino denunciará al juez que investiga una empresa de la presidenta

El Gobierno argentino dijo hoy que impulsará una nueva denuncia ante el órgano de control de jueces contra el magistrado que la semana pasada allanó una empresa hostelera de la que es accionista la presidenta Cristina Fernández y que está bajo sospecha de irregularidades administrativas.

El secretario de Justicia argentino, Julián Álvarez, adelantó este lunes que hará una presentación ante el Consejo de la Magistratura contra el juez federal Claudio Bonadío, que el jueves pasado ordenó el allanamiento de Hotesur, gestora del lujoso hotel patagónico Alto Calafate, de la cual Fernández es accionista.

“No lo vamos a denunciar por la investigación que está haciendo, sino por la acción sistemática para generar un escudo para que no se lo investigue”, dijo Álvarez en declaraciones a la radio Vorterix, de Buenos Aires.

Según el funcionario, cada vez que el Consejo de la Magistratura se dispone a analizar los nueve pedidos de destitución que el juez ya tiene en su contra ante ese organismo, Bonadío ordena medidas que afectan a funcionarios de Gobierno en las causas que están a su cargo.

“Si uno analiza las fechas en las que sesionó el Consejo y las actividades de Bonadío, se da cuenta de que él no usa los expedientes con criterios de imparcialidad, sino para coaccionar con sus medidas”, aseguró Álvarez.

Bonadío investiga supuestas anomalías administrativas en Hotesur a partir de una denuncia presentada por la legisladora opositora Margarita Stolbizer, quien acusa a Fernández y a otros altos cargos del Gobierno, como el ministro de Justicia, Julio Alak, de cometer presuntos delitos de violación de los deberes de funcionario público y de abuso de autoridad en la gestión de la empresa.

Stolbizer asegura que el Hotel Alto Calafate, un establecimiento de lujo situado en la villa turística de El Calafate (sur), podría ser un alojamiento “fantasma” usado en su momento por el matrimonio Kirchner para hacer negocios irregulares junto al empresario Lázaro Baez, investigado por la Justicia.

Según medios locales, Hotesur habría acordado alquilar casi un millar de habitaciones al mes a Lázaro Báez durante dos años, sean o no ocupadas.

Además de ordenar un procedimiento en la sede de Hotesur en Buenos Aires, Bonadío también allanó la Inspección General de Justicia (IGJ), el órgano encargado de fiscalizar las sociedades privadas y que depende del Ministerio de Justicia.

“Hay un objetivo claro de ser noticia en contra del Gobierno, un mensaje de que va a ir en contra del Gobierno. Eso es claramente montar un escudo, usar expedientes en contra del Gobierno”, insistió hoy el secretario de Justicia.

Este domingo Hotesur emitió un comunicado en el que aseguró que ha cumplido con “todas sus obligaciones contables y fiscales en tiempo y forma”, como así también con sus compromisos ante el Fisco.

Una de las presuntas irregularidades provendría del balance de 2010, que, según medios locales, se habría aprobado en una asamblea realizada en Buenos Aires, donde Hotesur ya no tenía domicilio legal.

Al respecto, la empresa alegó que no puede calificarse como un delito lo que es una simple “demora” de un trámite administrativo de cambio de domicilio ante la IGJ.

Para Hotesur, detrás del caso hay una “operación de prensa” y una “actitud desmedida de un juez federal que manda a allanar” por “este supuesto incumplimiento”.

Según la empresa, todo esto “constituye una operación mediática-judicial con la infaltable complicidad de sectores de la oposición partidaria y vaya a saber con que otra apoyatura externa, contra la presidenta y sus hijos”.

“En síntesis, resulta absurdo que fallas formales en los procesos administrativos legales de inscripción del cambio de domicilio de una sociedad, dentro del propio país, la quieran transformar en materia de sospechas y de denuncias”, afirma el comunicado.

Otra de las denuncias apunta a que el último balance presentado por la empresa ante la IGJ data de 2010.

Sobre este punto, Hotesur dijo que está “en un proceso de normalización en cuanto a la presentación de la documentación contable ante la IGJ de los períodos 2011, 2012 y 2013, aclarando también que dicha documentación fue presentada en tiempo y forma” ante el Fisco, inclusive con copias de los estados contables “auditados, certificados y legalizados”.

“Por ende no hay una maniobra de ocultamiento de nuestra situación económica y financiera, toda vez que si hubiera existido la misma, entonces no se habrían presentado en ningún organismo, cosa que no fue así”, afirmó la compañía.