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El Gobierno argentino refuerza la seguridad en Córdoba ante una posible huelga policial

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El Gobierno argentino refuerza la seguridad en Córdoba ante una posible huelga policial

El Gobierno argentino refuerza la seguridad en Córdoba ante una posible huelga policial

El Gobierno argentino anunció hoy el envío de 1.000 agentes federales para reforzar la seguridad en Córdoba (centro) y prevenir otra protesta de la policía provincial, como ocurrió en diciembre, cuando la falta de vigilancia derivó en saqueos de muchos comercios.

La Secretaría de Seguridad dispuso el envío "en materia de seguridad preventiva, frente a eventuales acciones por parte de la policía de Córdoba", explicó el jefe del Gabinete de ministros, Jorge Capitanich, en una rueda de prensa.

"La seguridad pública es competencia de las provincias. En este sentido, el gobernador (cordobés) José Manuel de la Sota ha hecho un requerimiento formal para la actuación por parte de las fuerzas de seguridad federales", precisó.

"En consecuencia, se establece un mecanismo de prevención pero lo que tiene que quedar claro es que nadie que porte armas en resguardo de la seguridad ciudadana puede extorsionar a los gobiernos", advirtió.

Capitanich insistió en que la intención del Gobierno es mostrar un apoyo "contundente" para evitar cualquier medida de "carácter extorsivo" y hacer valer el orden frente a las amenazas de nuevas huelgas policiales.

El jefe de Gabinete recordó también que el Tribunal de Conducta policial de la provincia de Córdoba sancionó ya ayer a cuatro agentes por promover acuartelamientos.

Los policías cordobeses fueron a la huelga el pasado 3 de diciembre en demanda de aumentos salariales y mejores condiciones de trabajo.

Ante la ausencia de agentes en las calles, muchos ciudadanos se lanzaron a una oleada de saqueos que se extendió sobre la capital (unos 800 kilómetros al oeste de Buenos Aires) y terminó con dos muertos, doscientos heridos e importantes destrozos en comercios y supermercados.

Demandas policiales y parecidos disturbios se replicaron después en otras provincias argentinas con un resultado de once muertos en todo el país.

El Gobierno cordobés llegó a un acuerdo con el cuerpo de seguridad provincial el 4 de diciembre, pero sectores de la policía presionan ahora para que se cumplan íntegramente todos los puntos pactados, entre ellos limitar la sobrecarga de trabajo por horas extra, informaron medios locales.

Los disturbios de diciembre provocaron también un duro cruce de acusaciones entre De la Sota, alineado con el peronismo disidente, y el Gobierno encabezado por la presidenta Cristina Fernández.

El gobernador cordobés denunció que le parecía "incomprensible" que el Ejecutivo no hubiera atendido la petición de sus funcionarios para enviar refuerzos, mientras que desde la Casa Rosada se afirmó que nunca se pidieron por cauces institucionales.

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