El Gobierno argentino condena la “violencia” tras la protesta por un joven desaparecido

El Gobierno argentino manifestó hoy su “rechazo contundente a la violencia” por los enfrentamientos que hubo este viernes entre un grupo de manifestantes y la Policía al finalizar la marcha para reclamar por la desaparición de Santiago Maldonado, que concluyó con una veintena de heridos y 30 detenidos.

“Cualquier discusión, cualquier diferencia, cualquier tema que nos separe se debe procesar en el marco institucional, del diálogo, de la democracia: no en el marco de la violencia, como se vivió anoche”, afirmó el jefe del Gabinete de ministros, Marcos Peña, en declaraciones a Radio Continental.

Este viernes, miles de personas reclamaron la aparición con vida del hombre de 28 años, quien fue visto por última vez el 1 de agosto, cuando participaba en una protesta de la comunidad mapuche Lof Cushamen en la localidad de Esquel, provincia de Chubut (sur).

La manifestación estuvo protagonizada por las acusaciones de organismos de derechos humanos, familiares y sociedad civil contra la Gendarmería, que reprimió con balas de plomo y goma la protesta indígena en la que fue visto por última vez el joven, y contra el Gobierno, especialmente la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El ambiente fue pacífico hasta que una decena de personas que quedaron en la Plaza de Mayo, algunas de ellas con palos, comenzaron a lanzar piedras contra la Policía, que reaccionó con balas de goma, gases e, incluso, un cañón de agua, disturbios que se saldaron con una veintena de heridos y 30 detenidos, confirmaron hoy asociaciones y partidos políticos de izquierda.

Además, se produjeron ataques contra sedes de la Gendarmería, tanto en la capital del país como en la localidad de El Bolsón, en la Patagonia, donde se lanzaron cócteles molotov hacia las dependencias policiales.

“La ley se debe aplicar con toda la fuerza a aquellos que son grupos muy minúsculos, muy marginales, pero que quieran alterar la tranquilidad y la paz y el orden democrático con estas expresiones de violencia”, aseveró Peña antes de hacer hincapié que la condena del Gobierno a todos estos incidentes es “total”.

Asimismo, insistió en que el “primer objetivo” es encontrar con vida a Maldonado “lo más rápido posible” y en ese sentido, el Estado, apuntó, está colaborando con la Justicia.

Por otro lado, rechazó las “utilizaciones políticas” de esta causa, que, a su juicio, son prematuras porque no hay elementos que puedan confirmar “ninguna hipótesis” y pidió “prudencia” y respeto por las instituciones.

“Atacar la Gendarmería es muy delicado porque legitima después un mensaje violento”, dijo antes de afirmar que el Gobierno va a “ir a fondo” y que “no hay ningún encubrimiento posible”.

“Si se comprueba cualquier hecho, seremos los primeros en ser muy duros”, sentenció.

El caso ha generado una fuerte polémica en el país, donde organizaciones humanitarias comparan el hecho con las prácticas de la última dictadura militar (1976-1983), cuando se produjo la desaparición, según datos de esas asociaciones, de 30.000 personas.