El Gobierno boliviano vuelve a prohibir el uso de explosivos en las protestas

El gobierno de Bolivia volvió hoy a prohibir por decreto el uso de explosivos en las movilizaciones sociales después de los graves conflictos que vivió el país la semana pasada protagonizados por las cooperativas mineras.

El ministro de Gobierno (Interior) de Bolivia, Carlos Romero, anunció la medida a los medios al término de una reunión del Consejo de Ministros en la que también se tomaron decisiones para regular el funcionamiento económico y laboral de las cooperativas mineras.

La prohibición establece para los infractores una pena de uno a cuatro años de privación de libertad y la reparación del daño contra personas y bienes que pudiese ocasionar el uso de explosivos.

La normativa llega como consecuencia del conflicto entre el Gobierno y los mineros cooperativistas que acabó en el asesinato a golpes del viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, y la muerte de cuatro mineros, uno de ellos por manipular explosivos.

La detonación de dinamita en movilizaciones laborales es una práctica tradicional en el sector minero en Bolivia.

En 2012, el Gobierno prohibió por decreto el uso de dinamita y otros materiales de alto riesgo, después de que su uso en conflictos sociales causara víctimas mortales.

Sin embargo, el 1 de mayo de este año volvió a autorizar la tenencia y detonación de explosivos en movilizaciones sociales como un gesto de reconocimiento con el movimiento obrero.

Desde entonces, se han sucedido diversos episodios de muertes y lesiones por manipular dinamita y la semana pasada los explosivos fueron usados por los mineros para atacar a la Policía cuando intentaba desbloquear las carreteras cortadas por los manifestantes.

“La vida es el principal valor, el principal bien jurídico de protección de las normas y de garantía de las entidades públicas del Estado”, argumentó Romero.

Agregó que los materiales explosivos deben servir para ampliar la producción en las minas, generar excedentes, utilidades y movilizar la economía para conseguir recursos destinados a políticas sociales.

“En el momento en que estos materiales explosivos son utilizados para atentar contra la propia vida, para atentar contra la vida del prójimo, para generar inseguridad, entonces su uso está siendo absolutamente distorsionado”, sostuvo el ministro.

Además, el alto funcionario anunció que la Policía tendrá potestad para requisar y secuestrar material explosivo o detener a quienes lo portan, mientras que el Ministerio de Defensa podrá tomar medidas para restringir su comercialización.