El Gobierno busca la forma de pagar las nóminas de los funcionarios catalanes

El Gobierno está buscando la forma que le permita conocer el importe de las nóminas de los funcionarios catalanes para poder abonarlas incluso ante la “falta de colaboración” de la Generalitat, según ha dicho hoy en el Congreso el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

El ministerio está estudiando la información enviada en relación a los gastos y está requiriendo nuevos datos, ha añadido Montoro, quien ha garantizado que, pese a la intervención de las cuentas de la Generalitat, “las nóminas no están en peligro”.

Según ha subrayado, el Ejecutivo está trabajando para que los funcionarios catalanes cobren a finales de este mes y también para que los proveedores de la Generalitat puedan tener su dinero, porque “lo único que faltaba” es que los errores de la Generalitat y la falta de colaboración de las autoridades catalanas “fueran a pagarla los funcionarios y sus familias”.

“Eso no va a ocurrir”, ha recalcado, si bien ha admitido que aún no han recibido esa información por parte de la Generalitat, pese a que se la reclamaron hace unos días, tras la publicación el sábado en el BOE de las medidas de control de pagos.

Ha confiado, en esté contexto, en que “al menos en este caso” no haya “desobediencia” por parte del Govern catalán, ya que los empleados públicos y las empresas tienen “todo el derecho a cobrar y además a cobrar en plazo”.

Durante su intervención, de casi una hora, Montoro ha desgranado las medidas aprobadas el pasado viernes para el control de los pagos de Cataluña y ha señalado que esta misma tarde ha enviado una nueva carta al vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, instándole a cumplir los acuerdos de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.

A partir de ahora, el Gobierno se encarga de pagar directamente todo lo relacionado con los servicios públicos fundamentales, previo certificado de la Intervención General de la Comunidad.

El Ejecutivo ya no enviará nuevas transferencias sino que abonará directamente las facturas a los proveedores y las nóminas a los funcionarios, ha insistido, antes de recordar que Cataluña recibe unos 1.400 millones de euros al mes a cuenta de la financiación autonómica.

Otra de las actuaciones afectan a las entidades bancarias y a los proveedores, a quienes Montoro ha avisado de que podrían incurrir incluso en responsabilidades penales si no se atienen a la ley.

Todas estas medidas, según el ministro, no afectan a las competencias autonómicas, que siguen en vigor, sino que sólo persiguen evitar que se utilice el dinero público “arbitrariamente o, peor aún, ilegalmente”.

Así las cosas, su criterio es que no suponen ningún control político de la Generalitat ni la suspensión de ninguna de sus competencias.