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El Gobierno colombiano dice que hay recursos para pagar la seguridad de los amenazados

El Gobierno colombiano dice que hay recursos para pagar la seguridad de los amenazados

EFE

Bogotá —

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El ministro colombiano de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo hoy que el Gobierno ha girado los recursos necesarios para pagar a las empresas y a los escoltas que prestan servicios de seguridad a unas 1.800 personas cuya integridad corre riesgo en el país.

El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Andrés Villamizar, había advertido horas antes a través de su cuenta en Twitter que unos 1.800 amenazados que tienen esquemas de protección podrían quedar sin ese servicio en ocho días, si el Gobierno no destinaba los recursos para pagarlos.

En declaraciones a periodistas, Cárdenas aseguró después de reunirse con Villamizar que “los responsables de controlar el gasto y acomodarse a los presupuestos son los propios directores de las entidades”.

Enfatizó en que a la UNP, que depende del Ministerio del Interior, el Gobierno le ha girado “los recursos suficientes para atender sus necesidades”.

El ministro agregó que el año pasado el Ministerio de Hacienda giró 394.000 millones de pesos (unos 188 millones de dólares o unos 151 millones de euros) y este año el presupuesto creció en 40.000 millones de pesos (unos 19 millones de dólares o 15 millones de euros).

Cárdenas indicó que la UNP debe aplicar “control del gasto, austeridad, buscar eficiencias, que no haya derroche, ni despilfarro”.

El ministro también dijo que “la UNP debe ser más efectiva en el control del gasto, porque no podemos tener un Estado en Colombia donde las entidades gastan y después piden recursos”.

Desde septiembre pasado, la UNP está advirtiendo de problemas presupuestarios en la entidad, que tiene un déficit de 70.000 millones de pesos (unos 35 millones de dólares o unos 28 millones de euros) para mantener hasta final de año los esquemas de protección, que incluyen coches blindados y al menos dos escoltas.

La UNP protege actualmente en Colombia a casi 7.500 personas que reciben amenazas de todo tipo, principalmente de grupos paramilitares, que suponen el 40 % del total, seguidos por las guerrillas de las FARC y el ELN (30 %) y de políticos locales (15 %), entre otros.

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