El Gobierno insiste en que la consulta no es posible y promete firmeza

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha insistido hoy en que la consulta soberanista catalana es “contraria a la Constitución” y por tanto “no es posible y no puede celebrarse”, y ha prometido que el Ejecutivo será “firme” defendiendo la Carta Magna.

Y también será “firme” el Ejecutivo “en la defensa de los derechos de todos los catalanes, que tienen derecho a disfrutar de la recuperación económica y a disfrutar de un empleo” y a que no se fomente el “enfrentamiento y la división social”, ha añadido Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Un día después de que el Parlamento de Cataluña aprobase una propuesta para pedir al Congreso la transferencia de competencias para la consulta soberanista, la vicepresidenta ha insistido en que la posición del Gobierno es “clara y no ha cambiado”, ya que “no es transferible” ni “delegable a nadie” la soberanía nacional, cuyo titular es “el pueblo español”.

“Tenemos bien claro que con el arreglo a nuestras normas esa consulta de autodeterminación no es posible y no puede celebrarse”, ha añadido.

La vicepresidenta ha recordado que la fórmula elegida para hacer esta petición está dentro del ordenamiento constitucional y ahora será el Congreso el que tenga que pronunciarse y debatirla.

Eso sí, ha recordado cuál es la posición del Ejecutivo y también ha señalado que los partidos con representación en el Congreso ya han dejado claras también sus posiciones, en alusión a que la propuesta no saldrá adelante por amplia mayoría.

Por otro lado, la vicepresidenta ha asegurado que “existe diálogo” entre las administraciones, eso sí, ha advertido, “en el ámbito que puede existir”, que es lo que marque la Constitución, los estatutos de autonomía y las leyes que los desarrollan.

Soraya Sáenz de Santamaría ha asegurado que el Ejecutivo está trabajando para que el modelo territorial y el Estado de las autonomías “funcione en beneficio de todos los ciudadanos”, y con una estrategia de política económica que “permita remontar la crisis”.

Y además, ha apostillado, la obligación del Ejecutivo es “cumplir la ley y hacer cumplir todas las leyes”, de ahí que “las iniciativas que vienen dentro de los marcos que la Constitución establece se contestan políticamente y jurídicamente con las posibilidades que da la Constitución”.

También ha puesto en valor el hecho de que España sea “hoy por hoy” uno de los países más descentralizados del mundo, “si no el que más”, tanto por el volumen de recursos públicos que gestionan las comunidades, por las “importantes competencias” que tienen y también por sus responsabilidades.

“Sin perjuicio de que todo es analizable”, ha añadido, las comunidades autónomas tienen cotas de autogobierno “muy superiores a otros estados de corte federal”.

Pero ha insistido, una vez más, en que la Constitución establece que “hay un pueblo soberano al que le corresponde decidir” y “una de las cuestiones importantes de la democracia” es que puedan participar en las decisiones “quienes son titulares de ese derecho”.