El Gobierno fijará enero y julio para el obligado cumplimiento de normas, evitando a empresas estar pendientes del BOE

El Gobierno fijará el 2 de enero y el 1 de julio como fechas clave para el obligado cumplimiento de normas que afectan a empresas y ciudadanos, lo que les ayudará a no está “pendientes del Boletín Oficial del Estado”. Así se recogerá en la nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común que el Consejo de Ministros aprobará en breves fechas.

Lo ha adelantado el subsecretario de Estado de Presidencia, Jaime Pérez Renovales, en un acto de presentación de la reforma de la administración electrónica en el Palacio de la Moncloa que ha presidido el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, al que han asistido también la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y los ministros Cristóbal Montoro (Hacienda) y José Manuel Soria (Industria).

Renovales ha explicado que con el objetivo de dar “más certidumbre” al ordenamiento jurídico, aquellas normas que “impongan obligaciones a los ciudadanos y las empresas”, entrarán en vigor en dos meses, el 2 de enero y el 1 de julio. “Esto quiere decir que las empresas ya no tendrán que estar continuamente pendientes del BOE y de ver a partir de cuando tienen que cumplir con sus obligaciones”, ha señalado, para añadir que de esta forma tendrán “un marco jurídico mucho más estable y predecible”.

Esta propuesta se incluirá en el anteproyecto de Ley de Procedimiento Administrativo Común que se aprobará en breves fechas y que, entre otras cuestiones, pretende mejorar la eficiencia administrativa con una Administración totalmente electrónica, con “cero papel e interconectada”. Una vez aprobada la norma, todos los procedimientos administrativos se tramitarán electrónicamente con carácter general y obligatorio.

480 MILLONES DE AHORRO EN CERTIFICADOS ENTRE ADMINISTRACIONES

El subsecretario de Presidencia ha subrayado las iniciativas del Gobierno del PP hacia la “administración del futuro”, la administración electrónica. Según ha dicho, el año pasado se produjeron 96 millones de intercambios de certificados entre administraciones y se logró un ahorro de 480 millones para ciudadanos y empresas.

Asimismo, Pérez Renovales ha puesto en valor los avances que se han realizado esta legislatura para reducir el tamaño de la Administración General del Estado. “Tenemos un tamaño similar al que existía en el último trimestre del año 2004”, ha proclamado.

Además, ha destacado que los datos de empleo evidencian que el empleo se crea “intensamente” en el sector privado (el año pasado más de 400.000) y no tanto en el público (unos 18.000), al tiempo que ha recalcado que se está reduciendo la burocracia.

ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Por su parte, el director general de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, José Domingo Molina, ha adelantado que “en breve” se presentará la estrategia de transformación digital del Estado (TIC), que tendrá entre sus ejes fundamentales la consolidación y servicios comunes de la información y las comunicaciones.

A renglón seguido, ha hecho hincapié en medidas como el proyecto de tarjeta sanitaria, la receta electrónica interoperable o la historia clínica digital. De hecho, ha recalcado que ya se están emitiendo el 77 por ciento de las recetas en formato electrónica.

En este acto en el Palacio de la Moncloa también han participado la directora general para España de Fujitsu, Ángeles Delgado; la presidenta en España y Portugal de Hewlett-Packard, Elena Herrero; la presidenta de IBM España, Portugal, Grecia e Israel, Marta Martínez; y el presidente de Indra, Fernando Abril-Martorrell.