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El Gobierno desestima el requerimiento de la Generalitat sobre el bono social

El Gobierno desestima el requerimiento de la Generalitat sobre el bono social

EFE

Madrid —

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El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un acuerdo por el que desestima el requerimiento previo a la vía contencioso-administrativa que hizo la Generalitat de Cataluña sobre varios preceptos del bono social eléctrico, que considera vulneran sus competencias en relación con la asistencia social, entre otras.

El Gobierno ha rechazado las pretensiones de la Generalitat al considerar que la normativa estatal que impide la interrupción del suministro a los consumidores vulnerables en riesgo de exclusión social mediante el copago de su factura de la luz entre el sistema eléctrico, las sociedades comercializadoras y los servicios sociales de las comunidades autónomas o ayuntamientos, no invade ninguna competencia autonómica.

El Ejecutivo ha recordado que, según el Consejo de Estado, el real decreto sobre el bono social que aprobó “se limita a abrir un cauce de cooperación interadministrativa y coordinar la ordenación económica del sector eléctrico con la asistencia social a los consumidores en situación de pobreza energética” que llevan a cabo las administraciones autonómicas y locales.

También ha señalado que las alegaciones de la Generalitat ya fueron formuladas durante el trámite de audiencia de la norma, valoradas por el Consejo de Estado y respondidas en la memoria de análisis de impacto normativo que acompaña al real decreto.

El nuevo real decreto del bono social establece tres categorías de beneficiarios, una de ellas es la de consumidores en riesgo de exclusión social, que, además de tener rentas por debajo del umbral fijado para los de la categoría de consumidores vulnerables severos, son atendidos por los servicios sociales de su comunidad autónoma y ésta les paga al menos el 50 % del importe de su factura.

A éstos no se les podrá cortar la luz en caso de impago y para ello la nueva regulación establece un mecanismo por el que las comercializadoras de electricidad tendrán que hacer una aportación financiera adicional, asumiendo el resto del recibo que no cubre la comunidad autónoma.

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