El Gobierno autoriza la disolución y liquidación de Defex, empresa pública investigada por corrupción

Esta sociedad mercantil constituida en 1972 se encuentra participada en un 51 por ciento por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y un 49 por ciento por empresas privadas. Su objetivo social es la promoción y exportación de bienes y servicios españoles, concretamente, material de defensa, policía y seguridad, protección civil, bomberos, equipamiento sanitario y hospitalario, equipamiento de puertos y aeropuertos, obra civil y minería.

Defex está investigada desde 2014 y ha sido objeto de medidas cautelares. Según el Gobierno, la tramitación de los procedimientos penales está afectando negativamente a la gestión empresarial de la compañía como consecuencia del daño reputacional, “limitando sus posibilidades operativas en la consecución de nuevas oportunidades de negocio, generando riesgos e incertidumbres y dificultando el acceso al mercado bancario”.

Ante esta situación, el Ejecutivo aprecia “un riesgo de paralización de los órganos sociales y la práctica imposibilidad de alcanzar el fin social”. De ahí que se plantee la disolución voluntaria de la empresa y su consiguiente liquidación hasta la completa extinción de la sociedad, una medida que la SEPI solicitó al Gobierno el pasado abril.

El Gobierno considera que la liquidación de Defex permitirá continuar colaborando plenamente con la Justicia y que, sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil que proceda, “puedan defenderse todos los derechos de la sociedad frente a quienes de forma desleal pudieran haber administrado la sociedad”.

Con la autorización del Consejo de Ministros, se convocará la Junta General extraordinaria de la compañía con el fin de aprobar los acuerdos para su disolución y liquidación, en particular, la sustitución del órgano de administración por el liquidador de la compañía.

DINERO ENVIADO A PARAÍSOS FISCALES

Ya en 2012, las autoridades de Luxemburgo dieron la voz de alarma a España al preguntar por una transferencia de 41 millones de euros realizada por la Unión Temporal de Empresas (UTE) Defex-Cueto 92, ésta última dedicada a la comercialización de armas.

El dinero, según la investigación judicial, formaba parte de una comisión de 70 millones de euros que los responsables de la UTE habían desviado a distintos paraísos fiscales tras firmar un contrato con Angola por 152,9 millones en 2008.

El fiscal anticorrupción Conrado Sáez abrió diligencias tras el aviso de Luxemburgo, aunque el caso no se judicializó hasta junio de 2014, cuando recayó en el juzgado central de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, la cual señaló como principales imputados al responsable de Comercial Cueto, Juan Carlos Cueto, y a varios directivos de Defex.