Gobierno dominicano estudia la respuesta a advertencia de la CIDH, dice canciller

El canciller de la República Dominicana, Andrés Navarro, dijo hoy que el Gobierno “estudia” con sus abogados la advertencia hecha la víspera por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de que el país no puede negarse a acatar las sentencias de la CorteIDH.

“Estamos con nuestros abogados estudiando los diferentes escenarios que nos plantea” la situación y “próximamente estaremos informando cuál será la posición” del Gobierno, señaló Navarro en una rueda de prensa en el Palacio Nacional.

No obstante, subrayó que el compromiso del Gobierno de Danilo Medina con los derechos humanos de los dominicanos y los extranjeros residentes en el país, “sigue cada vez más intenso”.

“Bajo ninguna circunstancia estos pronunciamientos de la Corte van a reducir los esfuerzos del Gobierno para fortalecer los mecanismos de defensa de los derechos humanos”, aseguró.

La CIDH advirtió ayer a la República Dominicana de que la sentencia del Tribunal Constitución (TC) que desvincula al país de la CorteIDH “no encuentra sustento alguno en el derecho internacional”, por lo que el país no puede negarse a acatar sus fallos.

La CIDH, organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), condenó en un comunicado la resolución del TC el martes que resolvió que la República Dominicana no tiene que acatar las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CorteIDH).

El Constitucional argumentó que, en 1999, el entonces presidente del país caribeño, Leonel Fernández, no cumplió con los requisitos de la Constitución del país en el acto que reconocía la competencia de la CorteIDH, porque esa adhesión no fue aprobada por el Congreso Nacional.

La decisión del TC dominicano sigue al rechazo por parte del Gobierno y otras instancias nacionales de una reciente sentencia de la CorteIDH, que condena al país por deportar a haitianos y dominicanos de origen haitiano entre 1999 y 2000.

La Comisión argumenta que, durante los 15 años en los que la República Dominicana aceptó las competencias de la CorteIDH, el país puso en práctica las medidas provisionales y casos contenciosos que dictaba la corte por violaciones a la Convención Americana.

La CIDH cuestionó algunos de los argumentos esgrimidos por el Constitucional, como su evocación del artículo 46 de la Convención de Viena sobre los vicios al consentimiento, por considerarlo “incompatible” con los principios de buena fe y de “estoppel” que deben de presidir todos los tratados internacionales.

“En virtud del principio del 'estoppel', un Estado que ha adoptado una determinada posición, la cual produce efectos jurídicos, no puede luego asumir otra conducta que sea contradictoria con la primera y que cambie el estado de cosas con base en el cual se guió la otra parte”, indicó la Comisión.

Para la CIDH, tampoco existe base en el derecho internacional para entender que la sentencia del Constitucional puede tener efectos en el futuro, porque la Convención Americana no establece la posibilidad de que un Estado que continúa siendo parte de ese tratado se desvincule de la competencia de la Corte Interamericana.

La Convención Americana, o Pacto de San José, es la base del mandato de la CorteIDH, por lo que para dejar de obedecer las órdenes de ese tribunal es necesario denunciar ese tratado.

En este sentido, la CIDH defiende que es a la Corte, y no a los Estados, a la que le corresponde pronunciarse sobre el alcance de su propia competencia.

De hecho, incide en que limitar el alcance de la competencia de la Corte “sería contrario al objeto y fin de la protección internacional de los derechos humanos”.

Asimismo, la Comisión expresó su “profunda preocupación” por el rechazo que el Gobierno dominicano expresó contra la sentencia de la Corte sobre la deportación de haitianos.

A su juicio, ese rechazo “contradice” el compromiso que el Estado señala tener con el Sistema Interamericano y con todos los actores de la comunidad internacional.