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Opinión - El problema de los tres gorros. Por Elisa Beni

El Gobierno duplica los altos cargos en el organismo que dio luz verde al Castor

El exministro de Industria, José Manuel Soria, de Exteriores, José Manuel García-Margallo, y el expresidente de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, en el Castor.

Aitor Riveiro

Diez nombres para cinco cargos directivos en el órgano cuyos informes sirvieron para dar luz verde al almacén de gas Castor, que supuestamente provocó centenares de terremotos en las costas de Tarragona y Castellón y que está siendo investigado judicialmente por “prevaricación medioambiental”. La situación, que fuentes del propio organismo califican de “al menos irregular”, ha estado a punto de retrasar el cobro de las nóminas del mes de mayo de los funcionarios que trabajan en él.

El Instituto Geológico Minero (IGME), que depende de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, destituyó el pasado mes de abril “con carácter retroactivo” a 31 de marzo, a tres directores de departamento y designó a los sustitutos. Todo sin pasar por el Boletín Oficial del Estado y sin concretar un nuevo destino a los cesados, que mantienen por tanto su antiguo cargo.

El organismo, adscrito al Ministerio de Economía, ha emprendido en 2017 una amplia remodelación de su staff, empezando por su Dirección, que ocupa ahora el exrector de la Universidad de Granada, Francisco González Lodeiro. Es el único cargo que aparece renovado en la página web del IGME. El resto de responsables que figuran ya no ejerce esas funciones.

Tal y como publicó eldiario.es, entre los ascendidos se encuentra uno de los funcionarios imputados por el juez que investiga la adjudicación del Proyecto Castor, un almacén de gas situado en el Mediterráneo y participado mayoritariamente por la constructora de Florentino Pérez, ACS.

Luis Roberto Rodríguez Fernández ha sido nombrado director del Departamento de Investigación y Prospectiva Científica del IGME. Rodríguez Fernández tendrá ahora bajo su mando las áreas de Riesgos Geológicos, de Recursos y Geología Marina y la de reciente creación de Geología del Subsuelo y Almacenamiento Geológico.

Las pesquisas del juez se dirigen en dos sentidos. Por un lado, determinar si el Castor fue el responsable de los cientos de terremotos que afectaron a la costa de Castellón y Tarragona. El segundo, cuál fue el papel del IGME en dicha adjudicación. El instituto redactó un informe que aseguraba que no había ningún peligro, un documento que fue fundamental para la realización del proyecto. Tras los seísmos, emitió un segundo informe que contradecía parcialmente al primero.

Entre los firmantes de los dos informes estaba el ascendido Rodríguez Fernández, que es el único de los tres técnicos que suscribieron el documento que se mantiene en el organigrama del IGME.

El juzgado de Vinaròs que investiga la causa ha sufrido varios cambios de juez, aunque desde enero ya está el titular, que tiene previsto retomar las testificales este próximo mes de mayo, según han confirmado en el TSJ del País Valenciá.

En esa remodelación se ha designado como nuevo director del Departamento de Investigación en Recursos Geológicos a Juan José Durán Valsero y como nueva directora del Departamento de Infraestructura Geocientífica y Servicios a Isabel Rábano Gutiérrez.

La sorpresa viene porque en la intranet de la Administración General del Estado (Portal Funciona) no solo aparecen ambos en esos puestos, sino que todavía figuran los antiguos responsables, como se puede apreciar en las imágenes adjuntas y se puede cotejar con el BOE del 8 de abril de 2013 donde se publicó su nombramiento, que firma el director del IGME por delegación del ministro de Economía.

No son los únicos. Según ha podido comprobar eldiario.es están en la misma situación otros seis funcionarios que se reparten tres cargos de directores adjuntos de Investigación en Recursos Geológicos, de Investigación y Prospectiva Geotérmica y de Infraestructura Geocientífica y Servicios.

Fuentes del IGME aseguran a eldiario.es que la duplicidad en estos cargos saltó el pasado 25 de abril cuando el interventor del Estado avisó de que no podría firmar las nóminas de mayo ante la irregularidad administrativa. Finalmente, según fuentes del IGME, se solucionó con dos paquetes de nóminas distintos. Uno que agrupaba a los directivos cesados y otro con el resto.

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