El Gobierno escocés y el británico no logran un acuerdo sobre las competencias tras el brexit

El Gobierno de Escocia y el Ejecutivo británico no lograron alcanzar hoy un acuerdo sobre las competencias en materias como agricultura y pesca que deberían ser transferidas a los parlamentos autónomos una vez el Reino Unido abandone la Unión Europea, informaron fuentes gubernamentales.

En una reunión mantenida hoy en Londres con el ministro británico para el “brexit”, David Davis, representantes de Escocia y Gales rechazaron la propuesta para modificar la ley de retirada del bloque común, al considerar que no es suficiente para garantizar la total autonomía sobre 111 competencias en áreas descentralizadas.

Tras el encuentro, el ministro escocés para el “brexit”, Michael Russell, afirmó que las competencias transferidas únicamente “deben ser asunto de Holyrood (el Parlamento regional)” y Londres “debe reconocerlo” como tal.

“El punto fundamental es que el acuerdo de devolución y los poderes del Parlamento escocés no pueden ser modificados unilateralmente por el Gobierno del Reino Unido”, afirmó en un comunicado.

Durante la sesión semanal de control al Gobierno, la ministra principal, Nicola Sturgeon, dijo que la propuesta de Londres “daría efectivamente al Gobierno del Reino Unido poderes de veto” en asuntos que fuesen transferidos al Parlamento regional, algo que “ningún Gobierno escocés que se precie” aceptaría, recalcó.

En declaraciones a la cadena BBC de Escocia, Russell añadió que es “probable” que en algún momento la primera ministra británica, Theresa May, y Sturgeon tengan que reunirse si no se producen avances.

Confirmó, además, que antes de finales de febrero se presentará en la Cámara escocesa un proyecto de ley de continuidad para prepararse para asumir las competencias derivadas de Bruselas.

Del mismo modo, el Gobierno de Gales también está impulsando su propia legislación, algo que los analistas consideran un desafío constitucional a la autoridad del Parlamento de Westminster.

La ley de ruptura, que pondrá fin a la preeminencia de la normativa de la UE en el Reino Unido una vez se ejecute el “brexit”, ya ha superado su primer trámite en la Cámara de los Comunes y ahora está siendo tramitada por la Cámara de los Lores.

Aunque el Gobierno de May no necesita modificar la ley para lograr luz verde del Parlamento, el hecho de que se aprobase sin consenso de dos de los tres Parlamentos regionales sería visto como un menosprecio a las regiones autónomas.