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El Gobierno estudia medidas para evitar que exetarras puedan ser alcaldes

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El Gobierno recuerda a quienes critican las detenciones que un juez las autoriza

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El Gobierno estudia posibles medidas para que los requisitos de ejemplaridad que se va a exigir a los altos cargos de la administración del Estado "puedan extenderse a otros ámbitos", y evitar así que los condenados por terrorismo puedan ejercer un cargo público o ser alcaldes y concejales.

Fuentes del Ejecutivo han confirmado que ya han solicitado información a expertos, incluida la Abogacía General del Estado, sobre la posibilidad de ampliar las obligaciones que establece el anteproyecto de la ley reguladora del ejercicio de alto cargo en la administración del Estado -aprobado el pasado 13 de diciembre- a otros ámbitos, como la administración local.

A la espera de recibir los resultados de esos informes, las mismas fuentes no han descartado que pueda que se baraje también alguna modificación de la Ley Electoral orientada a evitar la llegada de personas condenadas por delitos de terrorismo a las alcaldías.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha recordado que el anteproyecto, que regula las obligaciones de los altos cargos y se enmarca en el plan de regeneración democrática, ya establece que los condenados por determinados delitos, como el terrorismo, no puedan acceder a un alto cargo mientras no se cancelen sus antecedentes penales.

La número dos del Ejecutivo ha respondido así al ser preguntada por las medidas que pueden llevarse a cabo para evitar que los expresos de ETA excarcelados tras la anulación de la aplicación retroactiva de la doctrina Parot puedan presentarse a alcaldes en las próximas elecciones locales.

Sáenz de Santamaría ha recalcado que el anteproyecto incluye una serie de obligaciones para los altos cargos de la administración del Estado y ha avanzado que el Gobierno está analizando si los requisitos de ejemplaridad requeridos "pueden extenderse a otros ámbitos".

"Entendemos que en momentos como el presente en el ejercicio de las funciones públicas y políticas de los altos cargos se debe exigir unos niveles de ejemplaridad que deben traducirse en una regulación legal", ha subrayado.

La imposibilidad de que las personas condenadas por terrorismo puedan acceder a un puesto de carácter público y de representación mientras no se cancelen sus antecedentes penales es una de las obligaciones o exigencias que el Ejecutivo considera necesarias para garantizar la ejemplaridad que demanda en este momento la ciudadanía.

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