El Gobierno aumentará la financiación de la sanidad de las CCAA a cambio de restricciones en el gasto
El Partido Popular maniobra para limitar el gasto en sanidad. Los conservadores han utilizado la puerta de atrás en la tramitación de la ley de financiación de comunidades autónomas para imponer condiciones a los gobiernos regionales en los presupuestos de esta partida. El movimiento del PP ha consistido en la inclusión de una enmienda para ofrecer un fondo al que las comunidades se pueden adherir de forma voluntaria siempre y cuando cumplan una condición estricta: el aumento del gasto farmacéutico y en productos sanitarios no podrá superar la proyección de crecimiento de la economía española.
La propuesta del PP, que ha sacado adelante con los votos en contra de toda la oposición y que tendrá que pasar ahora por el Pleno del Congreso, es que el Gobierno cree un “instrumento de apoyo a la sostenibilidad del gasto sanitario” con el que financiar a las comunidades autonómas que se adhieran a la medida de forma voluntaria. Sin embargo, el planteamiento tiene una cara B: los “límites de gasto sanitario”.
Esas restricciones suponen que las regiones que disfruten del fondo no podrán tener una “variación interanual” del gasto farmacéutico y de los productos sanitaros que supere la proyección del crecimiento del PIB, es decir, de las previsiones de la economía española.
El PSOE denuncia que se “ligue” el presupuesto en sanidad de las autonomías al PIB. “En época de recesión castigamos al sistema sanitario”, ha señalado la diputada María José Vázquez en la Comisión de Hacienda. Han calificado esta medida como una suerte de “FLA sanitario”. El FLA (Fondo de Liquidez Autonómico) es el mecanismo de rescate financiero para las comunidades autónomas habilitado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
En cuanto a los gastos por contener que el Partido Popular ha puesto como condición para facilitar este “instrumento de apoyo a la sostenibilidad del gasto sanitario”, según lo describen los populares, el gasto farmacéutico viene por dos caminos fundamentales. Por un lado la financiación pública que implica la receta oficial que se presenta en las farmacias y por otro los medicamentos que se dispensan en los hospitales. Para el primer capítulo, el Gobierno instauró en 2012 el copago por parte de los consumidores. Aquel año se financiaron fármacos por valor de 9.700 euros. En el ejercicio siguiente se rebajó a 9.183. Sin embargo, esa tendencia ya se ha invertido. En 2014 se llegó a los 9.362. En lo que va de 2015, se ha incrementado ese gasto en un 2,5% respecto al mismo periodo del curso previo.
En cuanto a los productos de hospital, la variedad va desde los analgésicos más sencillos a los nuevos tratamientos para la hepatitis C que tantos quebraderos de cabeza financieros están dando a los responsables sanitarios. También podría incluirse ahí, según la redacción de la enmienda, el material quirúrgico o de laboratorio.
Además de las limitaciones, el PP impone un castigo a las comunidades que superen esa cantidad ya que no podrán “aprobar la cartera de servicios complementaria”. En ese conjunto de servicios que van más allá de los comunes para todas las regiones incluyen, entre otros, la atención bucodental o la gratuidad de los medicamentos para los menores de un año.
Según el PSOE, todas las comunidades acabarán sumándose a este fondo porque “el sistema de salud está infrafinanciado y requiere financiacion ajena”. “Las comunidades ya tienen que cumplir una regla de gasto. ¿Por qué tiene que imponerle una regla al sistema sanitario?”, ha preguntado Vázquez.
El diputado de CiU Antoni Picó ha expresado que se trata de “una injerencia en la gestión de los servicios sanitarios transferidos por la administración del Estado y asumidos desde hace muchos años por las comunidades”. El PP sostiene que es una medida para garantizar la “sostenibilidad” del sistema.
“El Gobierno no puede soportar que la mayor cartera complementaria la tenga Andalucía”, ha defendido la diputada socialista, que ha recordado que la comunidad presidida por Susana Díaz “tiene el menor gasto en sanidad por ciudadano”.
Prioriza el pago de la deuda
El Gobierno andaluz ha salido al ataque tras la aprobación en Comisión de lo que considera “un recorte encubierto en la sanidad” y un paso más en su “desmantelamiento”. Para la consejera de Salud, María José Sánchez Rubio, el PP habla de “ayudas a la financiación cuando en realidad intenta intervenir de facto en la gestión de las comunidades autónomas”.
Otras de las propuestas que el PP puede sacar adelante con su mayoría absoluta es la retención o deducción de la financiación autonómica de las deudas que tengan contraídas con las entidades locales. El PSOE, que ha pedido eliminar esta parte del redactado, sostiene que esa retención de recursos a las comunidades supone que el Estado “prioriza el pago de una deuda con las entidades locales sobre las demás obligaciones financieras asociadas a derechos fundamentales, como pueden ser la educación o la sanidad”. Los socialistas están convencidos de que la introducción de ese cambio vulnera la Constitución.
