El Gobierno crea un grupo interministerial para afrontar el reto demográfico

El Gobierno ha puesto hoy en marcha un grupo de trabajo interministerial, en el que participarán las comunidades autónomas y los municipios, para hacer frente al reto demográfico que, ha recalcado el portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, es un “reto de calado” que deberán afrontar también futuros Ejecutivos.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Méndez de Vigo ha hecho hincapié en dos datos que dan idea de la importancia de este reto: el aumento de gasto en pensiones en los últimos diez años ha sido de 40 mil millones y, mientras que en 2015 los mayores de 65 años eran un 17 % de la población, en 2030 ese porcentaje aumentará hasta el 25 %.

Ha incidido en la importancia de encarar este reto para la pervivencia del sistema de bienestar y ha recordado que la creación de este grupo de trabajo fue uno de los acuerdos adoptados por el Ejecutivo y las comunidades autónomas en la última Conferencia de Presidentes.

En el grupo creado hoy están representados nueve Ministerios, ha dicho Méndez de Vigo, podrán integrarse representantes de las autonomías y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y, en caso de necesidad, expertos en la materia.

Ha explicado que el grupo de trabajo “tiene que ser político” y no técnico porque “es una cuestión política”, aunque ha añadido que se contempla la posibilidad de que, ante determinados aspectos que requieran expertos, éstos puedan participar.

“Tenemos la necesidad de buscar respuestas”, ha declarado el portavoz del Ejecutivo quien ha señalado que este Gobierno “y el que venga después” tendrán que hacer frente al reto demográfico.

El grupo de trabajo para la estrategia nacional frente al reto demográfico contará con representantes de todos los departamentos con competencias en esta materia, así como con uno de cada comunidad autónoma y dos por parte de la FEMP.

Así, habrá representantes de la Presidencia del Gobierno, el Ministerio de la Presidencia para las Administraciones Territoriales y los de Hacienda, Fomento, Educación, Empleo, Energía, Agricultura, Economía y Sanidad.

La creación de este grupo desarrolla uno de los acuerdos adoptados en la Conferencia de Presidentes celebrada este año, y entre los objetivos se encuentra analizar las oportunidades para atraer y fijar población a las zonas rurales, así como las necesidades de infraestructuras.

Al hilo de ese acuerdo, el Gobierno ya nombró a finales de enero a Edelmira Barreira como comisionada para el reto demográfico..

Las proyecciones demográficas del Instituto Nacional de Estadística advierten que, de mantenerse las tendencias demográficas actuales, la población de España iniciaría a partir de 2017 un descenso ininterrumpido, de forma que podría perder en los próximos 15 años 552.245 habitantes (un 1,2 %).

Dentro de 50 años, el descenso superaría los 5,3 millones de habitantes (un 11,6 %) y la población se reduciría hasta 41,1 millones en 2066, principalmente, por el progresivo aumento de defunciones y disminución de nacimientos, con un saldo vegetativo negativo -que sería especialmente acusado a partir del año 2040- y que no se vería compensado por el saldo migratorio.

También cambiaría la estructura de la población por edades, ya que -de mantenerse la tendencia demográfica actual- se concentraría la pérdida de población en el tramo situado entre 30 y 49 años, mientras se incrementaría la mitad superior de la pirámide de población. El porcentaje de población de 65 años y más, que actualmente representa el 18,7 % del total, alcanzaría el 25,6 % dentro de 15 años y el 34,6 % cuando transcurran 50 años.

Los cambios afectan con especial intensidad a algunos territorios, debido a su mayor grado de envejecimiento, dispersión, insularidad, extraterritorialidad y otros factores, pero no sólo suponen desafíos en las zonas que pierden población, también en las grandes zonas urbanas receptoras; de la misma manera, la atención a los retos poblacionales demanda considerar los efectos de la población flotante.

Según recalca el Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales en un comunicado, todo ello requiere una respuesta conjunta, ante unos cambios que inciden en la sostenibilidad del Estado del bienestar, principalmente, el sistema de pensiones, la sanidad y los servicios sociales y de atención a las personas mayores o personas dependientes.