El Gobierno incrementa un 7,6% el presupuesto en Justicia y creará 5.000 nuevas plazas

El Ministerio de Justicia contará en el 2017 con 1.726 millones de euros, lo que supone un incremento de un 7,6 por ciento con respecto a las partidas presupuestarias del año anterior. Gran parte de esta cantidad se dirigirá al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a la creación de cerca de 5.000 nuevas plazas en la Administración de Justicia y a la transformación digital.

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado que se ha presentado este martes prevé este impulso en la Justicia para garantizar un “servicio público de calidad, más ágil y eficaz”. También se pretende que la Justicia esté “más dotada y mejor organizada” y se apuesta por su modernización tecnológica.

Además, según el borrador de los Presupuestos, el Gobierno aboga por conseguir una “justicia que crea en sus profesionales”, que

esté al servicio de los ciudadanos y sea “fuerte en su independencia e implacable en la lucha contra la corrupción”.

Los presupuestos de este año dotará al órgano de gobierno de los jueces con un 2,5 por ciento más que en 2016, es decir 56 millones de euros. Asimismo, Justicia contará con 1.358 millones de euros para los gastos de personal con los que se crearán nuevos puestos de trabajo y se fomentará la especialización y formación del personal de la carrera judicial.

Concretamente, entre el ingreso trabajadores y funcionarios en la Administración de Justicia procedente de la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2016 y las que se aprobarán este año, se crearán alrededor de 5.000 plazas nuevas.

IMPULSO A LA DIGITALIZACIÓN DE LA JUSTICIA

Para el ejercicio de 2017 se destina un gran volumen financiero a la digitalización de la Justicia, uno de los grandes proyectos del ministro de Justicia, Rafael Catalá, cuyo principal objetivo es conseguir que los profesionales, ciudadanos y los órganos judiciales se comuniquen de forma telemática y que la tramitación de las actuaciones procesales se hagan de forma electrónica.

Esta política de 'papel cero', que se llevará a cabo a través de la aplicación 'Minerva Digital', tendrá disponible 150 millones de euros, lo que supone un incremento del 87,9 por ciento con respecto al año anterior.

El Plan de modernización tecnológica continúa con el sistema ya iniciado de digitalización los servicios prestados por los registros civiles que permiten la tramitación electrónica de expedientes de nacionalidad o la transmisión de solicitudes de inscripción de nacimientos y defunciones desde los centros sanitarios. Para ello, se destinará un 12,1 por ciento más que el año pasado, alcanzando los 30 millones de euros.

GASTO SOCIAL

En cuanto al capítulo de gasto social --38 millones de euros en total--, destaca el escaso incremento de la partida destinada al servicio de asistencia jurídica gratuita. En 2017, esta prestación cuenta con 37 millones, mientras que el año anterior, el presupuesto para indemnizar a los abogados de oficio era de 36,7 millones de euros.

Otro millón de euros se dirige al apoyo a las víctimas mediante asistencia psicológica y para la realización de pruebas periciales psicológicas en los procesos judiciales.

El presupuesto destinado al Centro de Estudios Jurídicos contará con 120 millones más que en 2016, alcanzando los 1.670 millones de euros. Esta cifra va destinada a la formación continua de fiscales, letrados de la Administración de Justicia, abogados del Estado, médicos forenses y demás personal al servicio de la Administración de Justicia.

MEDIOS MATERIALES E INFRAESTRUCTURAS

Por otro lado, para renovar el equipamiento técnico e infraestructuras se destinan 34 millones de euros, un 68,6 por ciento más que en 2016. Precisamente, para este fin, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses contará con seis millones de euros, cinco más que el año pasado.

Parte de estos 34 millones se invertirán en las obras de nuevos edificios de juzgados en Lorca (Murcia), Talavera de la Reina (Toledo), Albacete, Guadalajara, Ibiza, Badajoz y Segovia. También para la rehabilitación de sedes judiciales en Soria, Ceuta, Trujillo (Cáceres) y la Audiencia Provincial de Palencia.

Según los presupuestos presentados por el Ministerio de Hacienda, otros 100 millones de euros se destinan para impulsar la modernización del Servicio Público de Justicia.