El Gobierno dice que intentó actuar de la mejor manera en el indulto al kamikaze

El Gobierno intentó “actuar con justicia” y “de la mejor manera posible” al conceder el indulto al conductor kamikaze que provocó un accidente de tráfico en el que murió un joven en Valencia, aunque ha reconocido que se trata de decisiones complicadas “en las que puede no acertarse”.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se ha referido así al indulto concedido por el Ejecutivo a un conductor kamikaze, condenado a trece años de prisión por la muerte de un joven en Polinyà del Xúquer (Valencia).

La familia de la víctima ha exigido una explicación pública de una medida de gracia que en su opinión resta credibilidad al sistema judicial y que ha sido criticada por asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico.

Sáenz de Santamaría ha explicado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que en este caso el Ministerio de Justicia ha tenido en cuenta los informes del centro penitenciario de Alicante, el arrepentimiento del condenado, el pago de las indemnizaciones, su rehabilitación y su falta de antecedentes.

También ha sopesado el hecho de que “se tardaron ocho años en dictar la sentencia condenatoria”.

“Desde este Gobierno hemos intentado actuar con justicia, (aunque) no siempre se acierta”, ha dicho la vicepresidenta, que ha incidido en que el Ejecutivo intentó “poner sobre la mesa los distintos elementos en juego”.

Ha destacado que se trata de “decisiones difíciles, complicadas, en las que puede no acertarse”.

“Lo hemos intentado hacer de la mejor manera posible, pero indudablemente entendemos la posición de todos y especialmente la de la familia” de la víctima“, ha añadido.

Sáenz de Santamaría ha incidido en que el Gobierno “tiene que tener presentes todos los elementos de la concesión del indulto” y “las distintas circunstancias que llevan a modular lo que puede ser la aplicación de la ley”, con el objetivo de que tenga “un sentido de equidad”.

En este sentido ha asegurado que entiende la situación de la familia del fallecido, que “en estas circunstancias lógicamente pide que se aplique la justicia”.