El Gobierno dice que su paralización de la LOMCE no tiene coste, aunque vetó la del PSOE por perder 615 millones

Así lo explica el Ejecutivo en la 'Memoria del Análisis de Impacto Normativo', un documento adjunto al decreto ley aprobado en Consejo de Ministros el pasado 9 de diciembre, por el que se puso fin a estos exámenes finales que exigía la LOMCE.

El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, dice que la decisión tomada no tiene “el impacto presupuestario inicialmente calculado” porque el decreto ley determina su acción “de manera muy delimitada” y “sólo supone alcance material” y no una paralización o derogación.

Moncloa niega así la pérdida de fondos europeos en materia de Educación, cuando el pasado mes de octubre, al vetar la proposición de ley del PSOE para paralizar la llamada 'Ley Wert', aseguraba que su aplicación le haría perder unos 615 millones del Programa Operativo Empleo, Formación y Educación 2014-2020.

ARRIESGABAN FONDOS EUROPEAS, DECÍA HACE DOS MESES

En concreto, estas ayudas se obtienen porque la norma española integra uno de los objetivos temáticos que se incluyen en los reglamentos europeos hasta 2020: la reducción del abandono educativo temprano. Por eso, el Gobierno advertía hace dos meses de que “en el caso de suspender o paralizar la implantación de la LOMCE, la Comisión Europea podría considerar que España no cumple con las condiciones del programa y retirar total o parcialmente su financiación”.

Del mismo modo, el Ejecutivo advertía que la paralización de la norma podría traer consecuencias para la economía del país ya que algunas de las autonomías habían solicitado un anticipo al Gobierno hasta que llegaran los Fondos Europeos. Del mismo modo, aquellas que habían decidido anticipar ellas la financiación tendrían que recibir una compensación si, finalmente las ayudas no llegaban como consecuencia de la paralización.

LA FINANCIACIÓN DEPENDE DE LA DECISIÓN DE CADA AUTONOMÍA

La posición de Moncloa también ha cambiado en este punto, ya que ahora tampoco ve impacto en la suspensión de las 'reválidas' para la economía nacional. En este sentido, señala que es cada administración educativa la que decide en qué ámbito va a realizar las realiza las pruebas, pudiendo limitarse a “una muestra mínima y suficientemente representativa de centros o alumnos, o extenderse hasta comprender la totalidad de los alumnos”.

“El coste de la organización de las pruebas depende de la decisión de cada autonomía, por lo que los créditos que reciban cada una de ellas a través de programas de cooperación territorial para financiar evaluaciones dependerán del alcance subjetivo de las mismas”, apunta el texto.

Así, el Gobierno ha precisado que, si la región determina que las pruebas son a nivel censal, recibirán lo que marca la LOMCE en su texto, mientras que si son muestrales, se reducirá la cantidad a percibir en proporción al número de alumnos afectados.