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Gobierno y partidos se reúnen mañana para acelerar la Ley de Transparencia

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Gobierno y partidos se reúnen mañana para acelerar la Ley de Transparencia

Gobierno y partidos se reúnen mañana para acelerar la Ley de Transparencia

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, ha convocado mañana a los grupos parlamentarios del Congreso para desbloquear y acelerar la tramitación de la Ley de Transparencia que llegó al Parlamento el pasado mes de septiembre.

Fuentes cercanas al secretario de Estado aseguran que Ayllón está dispuesto a no levantarse de la reunión "aunque dure ocho horas", ya que su apuesta es un amplio acuerdo político que refuerce el valor de la norma.

Tras la comparecencia de 25 expertos que han dado su opinión sobre el proyecto durante los últimos tres meses en la Comisión Constitucional, el Gobierno cree que ha llegado el momento de avanzar en su tramitación, a pesar de que la oposición barajaba llamar también a representantes de los sindicatos y de la patronal.

Una posibilidad rechazada por el Gobierno con el argumento de que ningún representante de los llamados "sujetos pasivos" de la norma, es decir aquellos a los que se aplicará, han comparecido en el Congreso.

Los grupos parlamentarios desean que la ley de transparencia se apruebe por consenso, para lo cual deberán ponerse de acuerdo en cómo la aplican a los partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales, y aquellas entidades financiadas mayoritariamente con fondos públicos, como es el caso de la Corona.

El Gobierno no ve problema en hacer públicos aquellos gastos de la Casa del Rey imputables a departamentos ministeriales, como los viajes al extranjero, los gastos de seguridad o de mantenimiento de los palacios de Patrimonio Nacional, aunque limitándolos en términos similares a los de los órganos constitucionales.

En un desayuno informativo celebrado ayer, Ayllón apostó por elaborar clasificaciones oficiales comparativas de transparencia entre las administraciones públicas, como "incentivo" para que sus gobernantes cumplan con las obligaciones de la futura ley.

Convencido de que en este ámbito -salvo en casos de incumplimiento flagrante- se va a "ganar más con la zanahoria que con el palo", el secretario de Estado ha defendido la posibilidad de introducir incentivos en la norma, en lugar de sanciones, como reclaman algunos expertos.

Para Ayllón, "no hay mayor castigo" para un político que ver, por ejemplo, cómo su ayuntamiento es el último en una lista y que eso es "mucho más importante para él que una multa al responsable local de transparencia".

Según ha esbozado, esas estadísticas comparativas las elaborará la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de Políticas y Calidad de los Servicios, organismo adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que se encargará de velar por el cumplimiento de la norma.

Algunos expertos que han pasado por el Congreso han rechazado la creación de esta agencia oficial y proponen un organismo independiente del poder político, una oficina dentro del Defensor del Pueblo o que su director sea elegido por el Parlamento para periodos más allá de una legislatura, opción esta última preferida por el PP.

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