El Gobierno ya está probando su Portal de Transparencia para tenerlo listo en diciembre, cuando entra en vigor la ley

Fuentes gubernamentales han explicado a Europa Press que estas pruebas, que han sido coordinadas por la Oficina de Transparencia, constituida el pasado verano, se iniciaron hace unas semanas, tras haber realizado, en colaboración con todos los departamentos de la Administración, el volcado de los datos que la Ley de Transparencia obliga a publicar a partir del próximo 10 de diciembre.

El portal, dependiente del Ministerio de la Presidencia, facilitará el acceso de los ciudadanos a toda la información administrativa de obligatoria publicación, así como a aquella que sea reclamada con mayor frecuencia.

La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 10 de diciembre de 2013, pero entonces sólo entró en vigor la parte relativa al Buen Gobierno.

La norma estableció un periodo de carencia de un año para dar tiempo a la Administración central a recopilar toda la información que debe sacar a la luz. Por su parte, las administraciones autonómicas y los entes locales tienen de plazo hasta diciembre de 2016 para hacer esta tarea y aplicar la ley.

En concreto, el próximo 10 de diciembre entrará en vigor todo lo relativo a la transparencia de la actividad pública, la publicidad activa y el derecho de acceso a la información pública de la administración estatal.

También lo que afecta al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Precisamente, el pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó el real decreto del Estatuto orgánico del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el órgano encargado de garantizar el cumplimiento de las nuevas obligaciones.

CASI OCHO MESES DE RETRASO DELIBERADO

Según la disposición final séptima de la Ley de Transparencia ese real decreto tendría que haberse aprobado tres meses después de la publicación de la norma, es decir, el 10 de marzo de este año. Sin embargo, el Gobierno decidió postergar su aprobación alegando que no tenía sentido crear el órgano sin nombrar a su presidente ni pagar sus retribuciones nueve meses antes de la entrada en vigor de la ley por cuyo cumplimiento tiene que velar.

Así, en las próximas semanas se procederá al nombramiento de la persona que se elija para presidir este consejo. Su nombre lo propondrá el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, tendrá que someterse a un examen en el Congreso y ser elegido por mayoría absoluta. Se le nombrará por cinco años y después no podrá renovar en el cargo.

Además, el Gobierno continúa trabajando en el Reglamento de desarrollo de la ley, que concretará aspectos relativos a la información pública, como la publicidad activa referida a las consultas de los ciudadanos.