Gobierno vasco reclama al Gobierno central un “marco de reflexión compartido” respecto a ETA y la política penitenciaria

El secretario de Derechos Humanos y Convivencia, Jonan Fernández, ha reclamado al Gobierno central un “marco de reflexión compartido” respecto la política penitenciaria que se aplica a los presos de ETA y que permita a los Ejecutivos vasco y español decirse las cosas “cara a cara”.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Fernández se ha referido a la decisión del colectivo de presos de ETA (EPPK) que ha aprobado con un 73% de votos el documento en el que aceptan acogerse a la legalidad penitenciaria.

En este sentido, y tras el anuncio del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, de que el Gobierno no modificará su política penitenciaria hasta que ETA se disuelva, Fernández ha lamentado que no exista “un marco de reflexión compartido” entre ambos gobiernos que evite que se tengan que “discutir” estas cuestiones a través de los medios de comunicación.

Fernández ha valorado que, “objetivamente”, la situación ha cambiado “mucho y la de hoy no es la misma de hace diez o quince años”, mientras que, por contra, las declaraciones del ministro del Interior “lo mismo se podrían decir hoy que hace diez o doce años”.

Tras recordar que hace seis años ETA declaró el cese definitivo de la violencia y durante este tiempo se ha podido comprobar que “era real e irreversible”, Fernández ha incidido en que el pasado mes de abril la organización terrorista entregó las armas de manera incondicional y unilateral y “ahora los presos han hecho lo que se les ha pedido desde hace años, que acepten la vías legales individuales de beneficios penitenciarios”.

“Es indiscutible que la situación está cambiando. En ese contexto hay que preguntar al Gobierno si en ese proceso de cambio indudable, al que le faltan pasos como la disolución de ETA, el papel que quiere jugar institucionalmente es el de facilitar y empujar el cambio definitivo o si se quiere estar en una posición diferente, no facilitadora del cambio. Este es el momento histórico en que estamos”, ha recalcado.

Asimismo, Fernández ha recordado que el conjunto de la política penitenciaria ni la decide el Gobierno español ni el vasco, sino que “en buena medida la deciden los jueces en función de la interpretación que hacen de la ley y de la posición que adopta cada preso”.

“También tiene mucha importancia lo que haga el colectivo de presos y su entorno para que se puedan producir cambios en la política penitenciaria”, ha añadido.

De este modo, ha reconocido que, más allá de saludarse en actos públicos con el ministro Zoido, “no hay un espacio compartido entre el Ministerio del Interior y la Secretaría para tratar estas cuestiones”. “No hay de momento receptividad del Gobierno español en relación a este planteamiento. No existe un marco. Ha existido cuando ETA estaba activa en sus peores momentos y ahora no existe”, ha criticado.

De este modo, ha manifestado que en esta legislatura hay “predisposición y buenas palabras, pero no un marco claro para decirnos las cosas cara a cara”.

“IMPERATIVO DE RESPONSABILIDAD”

En este sentido, ha reconocido que desconoce si por parte del Ejecutivo central hay desconfianza hacia el Gobierno vasco, pero en todo caso sería “un imperativo de responsabilidad institucional”. “Somos instituciones más allá de confianzas y lo mínimo es hablar y poner encima de la mesa los planteamiento”, ha argumentado.

A su juicio, para evitar divisiones en los presos o “actuaciones indeseables que pudieran surgir de esas divisiones” es mejor acompañar y favorecer “el cambio que se está dando”.

“No hay ningún elemento que lleve a pensar que este cambio respecto al uso de la violencia tenga sombra de duda o amenaza. Se está produciendo, la mayor parte del camino está recorrido aunque quedan etapas. Es mejor acompañarlas empujando que adoptar una actitud como mínimo pasiva”, ha afirmado.

TRATO IGUAL

Fernández ha subrayado además que “nadie pide que los presos de ETA tengan un trato diferenciado del resto”, sino que lo que se solicita es que se aplique la ley que se aplica a todos los presos y se interprete “con normalidad, no desde una perspectiva de excepcionalidad”.

“No hay amenaza terrorista en Euskadi ni riesgo de reincidencia. No existe prácticamente una organización terrorista activa, y eso desde el punto de vista penitenciario es un elemento importante que varía el análisis. No se pide nada extraordinario, sino que se lea la ley desde una realidad diferente a la de hace quince años”, ha expresado.

Asimismo, ha considerado “fundamental” crear un contexto favorable al cambio de la política penitenciaria, cuestión que “requiere diferentes aportaciones” también por parte de los presos.

“Es necesario que lo anunciado este fin de semana --por el EPPK-- se traduzca en hechos concretos. Que el Gobierno vasco siga buscando soluciones y el español adopte una posición diferente”, ha resaltado, para añadir que se necesita dar un paso que es “ponerse a hablar de manera abierta y receptiva y ver qué posiciones se pueden acordar”.

En lo que afecta a los presos ha considerado “importante” que sean capaces de desarrollar “una defensa penitenciaria de sus decisiones y hacerlo con claridad”. En este sentido, ha advertido de que los reclusos de más de 70 años pueden acceder a la libertad provisional, pero “para que esto curra el preso debe hacer esta petición”. “Si no lo hace no lo obtiene. Hasta ahora este tipo de peticiones no se han producido”, ha añadido.

De este modo, ha insistido en que la legalidad penitenciaria y la progresión de grados requiere de que haya por parte del preso un reconocimiento crítico del daño causado o una reflexión crítica sobre las vulneraciones de derechos humanos producidas en el pasado por ETA.

“En Colombia las FARC lo están haciendo. Aquí este proceso se hace con cuentagotas y no de manera clara y explícita”, ha lamentado, al tiempo que ha advertido de la posibilidad de que este distanciamiento crítico con el pasado “se puede dejar en manos de cada preso o que sea su entorno el que se lo facilite”.

ARREPENTIMIENTO

Respecto al arrepentimiento, Fernández ha destacado que la ley usa unos términos y habla del “reconocimiento del daño causado, de petición de perdón”.

Asimismo, ha recordado que la conocida como 'vía Nanclares' muestra que cada preso “puede expresar con sus palabras cómo reflexiona sobre el pasado y son los jueces los que interpretan si encaja con lo que dice la ley”. “No nos encerremos en una palabra u otra. Es el juez quien va a decidir si es válido o no”, ha expresado.

Por último, ha sostenido que ETA tiene que disolverse y desaparecer, “por las víctimas primero, pero también por la sociedad vasca y lo que supone de nudo en avanzar en la convivencia”.