El Gobierno valenciano propone un nuevo sistema de financiación que suponga la revisión de la aportación vasca y navarra

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha explicado este modelo, en una comparecencia junto al conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, que se plantea “desde la Comunidad Valenciana para toda España” y con el que se quiere “garantizar la equidad de todos los españoles”.

Asimismo, ha recalcado que las comunidades autónomas “son Estado y como tales tienen que participar en la gobernanza del Estado”. Para ello, reclama “un espacio fiscal propio en el que ejercer su autonomía financiera”.

Al respecto, ha aclarado que persiguen una agencia tributaria propia, como figura en el Estatuto de Autonomía, “lo que no significa que nos desliguemos de la Agencia Tributaria del Estado” sino que este organismo “se reforme para que las comunidades autónomas puedan sentarse en su consejo de Administración”.

De este modo, defiende “una mirada federal” tanto en la recaudación como en la “gestión de los tributos” para que “no estemos sometidos a las directrices de sólo una parte”. Además, esta Agencia Tributaria Valenciana se encargaría de gestionar no sólo los impuestos cedidos sino, junto a Ayuntamientos y Diputaciones, luchar contra el fraude fiscal.

TRES TRAMOS

Así, la propuesta del nuevo modelo se centra en tres tramos. El primero es el tramo de garantía del nivel mínimo de los servicios públicos fundamentales: sanidad, educación y protección social. Plantea generar un fondo de contingencia, similar al de las pensiones, al que se realizarán aportaciones cuando la recaudación tributaria crezca por encima del PIB nominal, para evitar que las caídas de recaudación en épocas de crisis pongan en peligro estos servicios.

La financiación de este tramo se realizará asignando a esa finalidad un mismo porcentaje de la recaudación en los territorios de la cesta impuestos formada por IRPF, IVA e Impuestos especiales. La suma de estas aportaciones se distribuirá entre las comunidades según el criterio de necesidad de población ajustada.

El segundo tramo de suficiencia competencial autonómica permitirá disponer a las comunidades de forma adicional recursos para atender al resto de las competencias de servicios públicos no fundamentales como seguridad y orden público, viviendas, protección del medio ambiente, o actividades recreativas cultura y religión.

La evaluación de estos recursos se realizará en función de los indicadores que se acuerden, como población, extensión, densidad, dispersión o insularidad, y su financiación se realizará mediante la recaudación de os tributos cedidos y la participación de las comunidades en la recaudación de los impuestos del Estado.

Por último, el tramo de autonomía implica que las Cortes generales legislen cómo se distribuirán las fuentes tributarias entre las Administraciones Públicas para que las comunidades dispongan de un espacio fiscal propio en el que ejercer su autonomía financiera.

De este modo, las comunidades podrán disponer de recursos adicionales a los anteriores para financiar las políticas de gastos decididas autonómicamente. Esta financiación se realizará mediante el importe de la recaudación de los tributos propios y los recargos sobre tributos estatales.

Además, las comunidades que obtengan más recursos como resultado de un esfuerzo fiscal en los tributos estatales situado por encima de la media obtendrán como incentivo la correspondiente participación en dicha recaudación adicional.

Este sistema apunta la conveniencia de introducir tres instrumentos complementarios: instrumentos de desarrollo regional, de reequilibrio financiero y una revisión de las contribuciones forales a las cargas del Estado.

UN MODELO PARA EMPEZAR A DEBATIR

Puig ha señalado que se trata de “un modelo no cerrado” sino que se buscará “el escrutinio general”. Así, se presentará a todos los firmantes del pacto valenciano por una nueva financiación para que esta propuesta del Gobierno valenciano sea “la propuesta de la Comunidad Valenciana”. Asimismo, se presentará a todos los partidos nacionales para que “lo estudien” antes de la campaña electoral.

Al respecto, ha recalcado que “ya no caben más parches” para la Financiación y ha advertido de que será “absolutamente y radicalmente inadmisible” relegar el nuevo modelo de financiación a un acuerdo previo bilateral entre Cataluña y el Estado.

En ese sentido, ha recordado que de un nuevo modelo depende la viabilidad de la Generalitat ya que en estos momentos se contabilizan 16.000 millones de deuda histórica y cada año se pierden de 800 a 1.000 millones “de infrafinanciación”, con lo que la deuda supera ya los 40.000 millones, por lo que ha exigido una quita.

Por contra, ha destacado que esta propuesta es “profundamente sólida” ya que “atiende al ordenamiento jurídico español, la Constitución española, la LOFCA (Ley orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas).