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El Gobierno venezolano interviene la Policía en los estados donde perdió las elecciones
El Gobierno venezolano intervino los cuerpos regionales de policía en los cinco estados en los que sus candidatos a gobernadores fueron vencidos por la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en los comicios regionales del pasado domingo, cuyos resultados han sido ampliamente cuestionados.
En una edición de la Gaceta Oficial difundida hoy en medios locales, se establecen las cinco resoluciones del ministerio de Interior y Justicia para los cuerpos policiales de dos estados del este, Nueva Esparta y Anzoátegui, del andino Mérida (oeste), así como en Zulia y Táchira, entidades limítrofes con Colombia.
“Se ordena iniciar la intervención del cuerpo de policía por la presunta participación masiva y continuada de sus funcionarios y funcionarias en violación de derechos humanos, en redes delictivas o actividades que atenten contra el orden constitucional”, reza el decreto de esta Gaceta fechada el miércoles.
El Gobierno designó juntas interventoras en las cinco regiones y las facultó para someter a auditorías a todo el personal, hacer reducción de empleados o reestructuración administrativa, y activar el servicio de policía comunal (un cuerpo de proximidad que se define como “predominantemente preventivo).
La decisión prohíbe asimismo a los cuerpos policiales afectados la prestación de servicios, así como la adquisición de armas, municiones y equipamiento básico durante el tiempo que dure la intervención; 180 días, prorrogable a 90 más.
El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que gobernaba en los cinco territorios cuyos cuerpos policiales fueron intervenidos, ganó 18 de las 23 plazas en disputa en los comicios del domingo, según el boletín ofrecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
La MUD y buena parte de la comunidad internacional han denunciado por “fraudulento” el conjunto de los resultados, mientras que algunos de los candidatos opositores vencidos han anunciado impugnaciones y el Parlamento, de mayoría contraria al Gobierno, acordó solicitar una auditoría internacional sobre la jornada electoral.
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