Gómez de la Serna manda a un procurador a por su credencial pese a las peticiones de dirigentes del PP a renunciar

Fuentes del PP han informado a Europa Press que hacia las 10.00 horas de este lunes una persona autorizada a través de mandamiento notarial ha recogido la documentación en la Audiencia de Segovia, sede de la Junta Electoral Provincial.

Los 'populares' segovianos, que junto a otros dirigentes del partido han reclamado a Gómez de la Serna repetidamente que renuncie, no han sido avisados de antemano de esa recogida. De hecho, según han confirmado las mismas fuentes, no han vuelto a tener noticias de él de manera directa desde hace días.

Gómez de la Serna fue expedientado y apartado de la campaña electoral tras ser acusado por un antiguo colaborador de haber cobrado comisiones durante su etapa como diputado por actuar como 'conseguidor' de contratos en el extranjero para empresas españolas.

Pese a las peticiones de renuncia durante la campaña, al considerar muchos colegas de partido que su actividad no era ética ni estética, el 'popular' finalmente no accedió a la solicitud y se mantuvo en la candidatura --solo él tiene potestad para abandonar una vez aprobadas las listas--. Desde el primer momento De la Serna defendió la legalidad de su actividad, que declaró y fue autorizada por el Congreso, y atribuyó la acusación del antiguo colaborador a un chantaje.

La pasada semana el diputado electo aseguró que no había decidido aún si recogería el acta e insistió en defender su actividad como “lícita y legal”. Recordó asimismo que no existen acciones judiciales abiertas contra él y que no está imputado por causa alguna.

La misma insistencia la mostró el pasado 9 de diciembre, en rueda de prensa, en la que aseguró que no renunciaría para no dar credibilidad al supuesto chantajista, al que calificó como “basura”.

El PP de Segovia se mantiene ahora a la espera de la resolución del Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP. Su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, dijo unos días antes de las elecciones que las pruebas contra él eran “graves y concluyentes” y anunció que, si no renunciaba, el partido tomaría decisiones tanto en el seno de la organización como en otros ámbitos fuera de él, puesto que existen informaciones “que trascienden más allá de la responsabilidad política y mediática”.

En el cobro de comisiones también estaba implicado Gustavo de Arístegui, quien dimitió de su cargo para no perjudicar al Gobierno del PP. El cese se hizo efectivo tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).