González negó en 2007 haber adjudicado el campo de golf del Canal a familiares y retó a denunciarlo ante la justicia

Diez años más tarde, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco analiza esta adjudicación en el auto dictado en el marco de la 'Operación Lezo' sobre irregularidades en el Canal de Isabel II, en la que ha decretado prisión incondicional comunicada para el que fuera 'número dos' de Esperanza Aguirre.

En dicho auto, al que ha tenido acceso Europa Press, se recoge que González intercedió para que el Gobierno regional aprobara en 2007 el proyecto de la construcción de dos campos de golf en Chamberí declarando las obras de interés general y dando luz verde al operativo del Canal de Isabel II en el momento en que era presidente del consejo de administración del mismo.

El magistrado de la Audiencia Nacional instructor de la 'Operación Lezo' Eloy Velasco concluye en su auto que González tramitó una comunicación desde el consejo de la empresa de agua madrileña al Gobierno regional resaltando que estaba al frente del Canal y que era vicepresidente del ejecutivo regional en ese momento.

El proyecto siguió adelante gracias a la intermediación de la Comunidad de Madrid y se adjudicó al consorcio Green Canal Golf, a pesar de que la mejor oferta provenía de otro licitador que le aventajaba en 11 puntos. Dicho consorcio estaba integrado por varias empresas, entre ellas Tecnoconcret, participada por su hermano Pablo González y su cuñado José Juan Caballero.

Sin embargo, ese mismo año y tras varias informaciones que denunciaban esta situación, lo que llevó al PSOE a pedir la comparecencia de González en la Asamblea, el entonces también portavoz de la Comunidad de Madrid negó que la empresa pública hubiera adjudicado a alguna empresa en la que figuraran familiares suyos.

Además, destacó entonces que el beneficiario del contrato para gestionar dicha instalación, que abarcaba las zonas para practicar golf, pádel y fútbol, fue decidido “por unanimidad” del consejo de administración de la entidad hidráulica.

González aseguró que él no hizo la propuesta de adjudicación para conceder el contrato a la UTE (formada por Tecnoconcret, Soto Once e Iridium), sino que fue “elevada” por “los servicios técnicos del Canal de Isabel II, las mesas de contratación”, de las que él, recalcó, “no formaba parte”.

También hizo hincapié en que el Canal “en su día hizo un concurso público para la adjudicación de la instalación deportiva” de Islas Filipinas que recibió unas “diez” ofertas y de las cuales se eligió “la mejor”. En este punto, insistió en que, “en contra de lo aparecido en algunas informaciones”, la UTE adjudicataria “no se vio beneficiada de ningún aumento de precio, sino todo lo contrario”.

“Aumentó el canon del dinero que iba a percibir el Canal, prácticamente lo multiplicó por algo más del doble, por lo tanto, suponía mayores ingresos para el Canal”, argumentó, al tiempo que defendió que el Canal de Isabel II no había hecho ninguna adjudicación a ninguna empresa donde hubiera algún familiar suyo.

Frente a esas acusaciones, el entonces presidente del Canal de Isabel II sugirió que si “alguien” consideraba que “alguna actuación administrativa” de dicha empresa pública pudiera ser “delictiva” y tenía “pruebas de ello”, que lo denunciara ante la Justicia para “analizarlo”.