El Govern cree que la sentencia del TC refleja que el Estado ofrece una “democracia de baja calidad”

El Govern ha considerado hoy que la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la Ley de Consultas y el decreto del 9N impide no poder consultar a los ciudadanos, “lo que refleja que España tiene una democracia de baja calidad” y que se está dispuesto “a cargarse la esencia de la democracia”.

En una rueda de prensa en el Palau de la Generalitat, el portavoz del Govern y conseller de Presidencia, Francesc Homs, se ha referido a la resolución del Tribunal Constitucional (TC) conocida ayer, que Homs ha calificado como “absolutamente incomprensible desde el punto de vista de los principios democráticos más elementales”.

Según Homs, al Estado y a los magistrados del TC “les puede más ir en contra de Cataluña que el sentido democrático que ellos dicen tener”, y que la sentencia denota que el tribunal “mantiene una interpretación muy restrictiva y alejada del pacto constitucional de 1978 y de los principios democráticos”.

Ha reprochado, en este sentido, que en el texto del fallo se niegue “de una forma implícita cualquier legitimidad a las instituciones catalanes para poder preguntar y consultar al pueblo catalán incluso sobre aspectos que son de su competencia”.

“Se paga un precio muy alto para impedir un debate soberanista que todo el mundo sabe que no podrán impedir que se haga”, ha señalado, lo que comporta que incluso “están dispuestos a cargarse la misma esencia de la democracia”, ha subrayado.

En su opinión, “cuesta presentar una España en la que hay autonomías y parlamentos pero que los gobiernos autonómicos no pueden preguntar nada a sus conciudadanos”.

El conseller ha explicado que “nos ha sorprendido que el TC diga que ya se garantiza la participación democrática permitiendo votar cada cuatro años, porque es una interpretación antigua y muy limitativa de lo que es una democracia”.

Además, ha indicado, el tribunal añade que “otras formas de participación tienen que tener un carácter muy extraordinario”, lo que conlleva “una visión muy restrictiva de lo que es la participación democrática, porque hoy en día es muy difícil de sostener que la democracia se limita a votar cada cuatro años”.

Desde el punto de vista de la oportunidad, ha afirmado Homs, “llama la atención que el TC pueda reunirse de forma extraordinaria con respecto a su plan de trabajo normal en función de los intereses del Gobierno español, y en cambio, aspectos urgentes para la ciudadanía como es dictaminar sobre el decreto de la Generalitat contra la pobreza energética, los mantienen pendientes”.

Esto, ha lamentado, denota “que hay una incomprensible alineación del TC con los intereses políticos del Gobierno español, lo que no favorece la independencia y neutralidad que debería tener”.

Por lo que respecta a la valoración política, Homs ha indicado que “si el marco constitucional español no permite conocer lo que opina la ciudadanía sobre temas relevantes”, esto quiere decir que este Estado “ofrece una democracia de baja calidad”.

Dicha limitación, ha añadido, “es absolutamente incompatible con las necesidades y exigencias de una sociedad madura como la nuestra, que no se conforma con sólo poder votar cada cuatro años”, y ha recordado que los tratados de la UE “invitan a los Estados miembros a ir mucho más allá de lo que es votar en unas elecciones”.

A su entender, el problema de fondo es que “la Constitución se ha cerrado y solo se interpreta a conveniencia de una sola parte” y “si no hay posibilidad de abrir un diálogo, es evidente que el pueblo catalán tendrá que buscar alternativas” al marco actual.

De hecho, ha recalcado, el Govern entiende que “la sentencia conocida ayer y la negativa al diálogo reafirman el acierto de la convocatoria del 9N en los términos que fue planteada por el Govern y el presidente de la Generalitat”.

“Habrá que explorar caminos alternativos, como es el de dar un sentido plebiscitario a las elecciones del 27S” en un sentido político “porque desde el punto de vista legal serán unas elecciones autonómicas” y, en consecuencia, “no las pueden impedir”.

Homs ha apuntado que no cree que la sentencia afecte la tramitación de las querellas presentadas contra el president Artur Mas y dos 'conselleres' en relación con el 9N.

No ha querido pronunciarse sobre el hecho de que la sentencia, aprobada por unanimidad, contase con el aval de dos magistrados catalanes “porque esto sería un error”, pero sí que ha dicho sentirse inquieto porque ayer en el Congreso “se escucharan aplausos y se vieran caras de satisfacción por el hecho de que en Cataluña no se pueda votar”.