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Grecia continúa sin cerrar el nuevo recorte requerido por la troika

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Los partidos griegos que apoyan al Gobierno del conservador Andonis Samarás no han logrado hoy superar sus diferencias sobre los detalles del nuevo paquete de medidas de ahorro, por 11.600 millones de euros, exigido por la troika para que Atenas continúe recibiendo ayuda financiera externa.

"El paquete de las medidas está casi finalizado, hay unas objeciones secundarias de los partidos que deben ser debatidas", ha dicho a la prensa el ministro heleno de Finanzas, Yannis Sturnaras, tras finalizar la reunión mantenida este miércoles con Samarás y los líderes políticos.

"El problema más espinoso es la reducción de los salarios de militares, policías, profesores de universidad, jueces, médicos de hospitales y clérigos", ha precisado Sturnaras.

El primer ministro Samarás aspira a tener atado el paquete de medidas antes de que lleguen a Atenas, previsiblemente a principios de septiembre, los inspectores de la troika - formada por el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional- que han de establecer si Grecia cumple los compromisos de ahorro exigidos a cambio de ayuda extranjera.

"La elaboración de las medidas por 11.600 millones no ha terminado. Nos oponemos a la nueva reducción de las pensiones y de los salarios más bajos, y a la reducción drástica de la financiación de los municipios, porque no podrán funcionar", ha comentado el líder del partido de izquierda moderada Dimar, Fotis Kuvelis.

Por su parte, el jefe del socialdemócrata Pasok, Evángelos Venizelos, ha reconocido la necesidad de una nueva reunión de los tres líderes para llegar a un acuerdo "sobre la estrategia nacional de salida de la crisis".

"Necesitamos una estrategia nacional para poder explicar al Parlamento y al pueblo que hay un plan global para mantener el país en la eurozona y sacarlo de la crisis", ha declarado Venizelos en una rueda de prensa después de la reunión.

El líder socialdemócrata ha insistido en que las medidas de ahorro han de ser percibidas dentro de la estrategia para mantener al país en la eurozona y sacarlo de la recesión, y ha exigido que se ponga un límite a los recortes que sufren las capas sociales con menos ingresos, pero también la clase media, a la que definió como "la espina dorsal" de la sociedad griega.

"Seguramente habrá recortes, debemos decir la verdad. Pero debemos también ofrecer a la gente una perspectiva de futuro", ha resaltado.

Tanto el ministro de Defensa como su colega de Protección del Ciudadano se oponen a la reducción de los salarios de los militares y de los policías.

"El 51 % de los agentes de policía percibe salarios inferiores a los 1.000 euros mensuales, y el 83 %, salarios inferiores a los 1.250 euros mensuales", había explicado el ministro de Protección del Ciudadano, Nikos Dendiasel, en declaraciones a la radio Real Fm el lunes pasado.

Los sindicatos de los jueces han vuelto a rechazar el nuevo recorte de sus salarios y advierten, en un comunicado común, de que utilizarán todos los medios legales para evitarlo.

"Un nuevo recorte de nuestros salarios sería anticonstitucional, pues significaría un recorte total de más de 50 % en dos años", destacan en la nota, donde además subrayan que tales recortes "no permitirían vivir con dignidad" a los jueces.

También las reducciones previstas a las subvenciones a los municipios amenazan con llevar a la bancarrota a más de 40 localidades, según el presidente de la Asociación de Municipios de Grecia, Kostas Askunis.

"Las medidas de recorte -que al inicio serán por 11.600 millones, pero nadie sabe cuánto costarán de verdad-, destrozarán la sociedad griega", ha alertado en un comunicado la Coalición de Izquierda Radical, la principal formación de la oposición helena.

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