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Greenpeace rechaza decisión judicial sobre la licencia del Algarrobico

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El Gobierno asegura que ha garantizado que nunca más se repetirá un Algarrobico

El Gobierno asegura que ha garantizado que nunca más se repetirá un Algarrobico

La organización ecologista Greenpeace ha mostrado su "rechazo" a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de desestimar las peticiones de anulación de la sentencia que declaraba legal la licencia municipal de obras del hotel El Algarrobico en Carboneras (Almería).

María José Caballero, directora de Campañas de Greenpeace España, ha declarado en un comunicado que, según "esta incomprensible decisión judicial, las obras se podrían iniciar legalmente", aunque advierte de que "sería una auténtica aberración jurídica".

La organización lamenta que esta resolución ha llegado "sin esperar el pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre si los terrenos, que se encuentran en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar e invaden lo poco que protege la Ley de Costas, son urbanizables o no".

Greenpeace recuerda que existen tres sentencias del Tribunal Supremo y otras tres de la Audiencia Nacional que dicen que el hotel invade la servidumbre de protección, la franja que marca la Ley de Costas de cien metros de ancho desde el límite inferior de la ribera de mar.

Asimismo han recordado que el terreno donde se asienta el hotel pertenece a la Junta de Andalucía, ya que la administración ejerció su derecho de retracto.

La organización considera esta conducta "malintencionada", ya que el TSJA "no ha ejecutado la sentencia del derecho de retracto, así que se ha impedido al gobierno regional andaluz que pueda pagar la finca a la promotora del hotel, Azata del Sol y tomar posesión de la misma para derruirlo".

"Todo esto se ha producido desde la misma sección Tercera del TSJA, presidida por el juez Toledano, quien dio un giro a la historia jurídica del hotel, dictando la validez de la licencia de obras tras 17 sentencias en contra del inmueble, situado a menos de 25 metros del agua", han precisado.

"Desde Greenpeace esperamos que el Supremo se pronuncie con urgencia sobre este hecho, porque de no hacerlo, la inseguridad jurídica creada por el TSJA es mayúscula", ha concluido Caballero.

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