Griñán y Chaves defienden la legalidad del procedimiento para otorgar ayudas

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, han defendido hoy la legalidad del procedimiento para otorgar ayudas sociolaborales a empresas en crisis y a los ERE, aunque han manifestado que tenía elementos que podían ser mejorables.

Ambos han intervenido hoy ante la comisión de investigación de los ERE irregulares que se celebra en el Parlamento andaluz, y han cerrado la segunda y previsiblemente última ronda de comparecencias, tras la que la comisión estudiará las declaraciones y emitirá sus conclusiones, a la espera del informe de la Cámara de Cuentas.

Durante su comparecencia, Griñán ha asegurado hoy que el interventor de la Junta nunca detectó fraude ni menoscabo de fondos públicos y que sólo informó de “discrepancias” con el procedimiento.

Ha dicho que la Intervención nunca le pidió que actuara, cuando fue consejero de Economía y Hacienda -entre 2004 y 2009-, por irregularidades en la concesión de las ayudas, y que sólo advirtió a la Consejería de que había desacuerdo sobre el procedimiento.

Griñán, que en todo momento ha defendido que el procedimiento era legal, ha dicho que esta comunicación “en ningún momento” se le trasladó a él como consejero ni se le pidió “ninguna intervención”.

Aunque ha admitido que “sin duda” podría haber existido una mayor vigilancia y que “es posible que todos los sistemas de prevención no hayan funcionado”, Griñán ha señalado que “si la intervención hubiera detectado fuego, tendría que haberlo apagado porque tiene los medios”.

Ha señalado que se ha demostrado que el procedimiento de transferencias de financiación “era y es legal”, que los fondos estuvieron siempre al control de la Intervención y que la mayoría de beneficiarios tenían derecho a ellas “con independencia de su militancia política”.

Ha asegurado que la Consejería de Hacienda no tiene ningún carácter jerárquico sobre las demás y que el plan de ayudas con cargo al fondo 31L, destinado a empresas en crisis, lo gestionó la Dirección General de Trabajo, y que pasó incluso en trámites por el Parlamento.

A pesar de ello, Griñán ha admitido que se han producido “actuaciones ilícitas” en la utilización de fondos, algo que deben asumir “pidiendo disculpas a la ciudadanía”, corrigiéndolas y “tratando de impedir que puedan repetirse en un futuro” porque ha asegurado que “detesta” cualquier forma de corrupción, pero ha pedido que “casos concretos” no se hagan extensible a toda la Junta.

Por su parte, Chaves ha afirmado hoy que en “ningún momento el Consejo de Gobierno” que presidió “conoció, informó, avaló o aprobó medidas irregulares o actos ilegales” en relación al programa 31L.

Ha defendido la legalidad del programa 31L y del procedimiento para pagar las ayudas por importe de más de 1.000 millones de euros entre 2001 y 2010 mediante un convenio marco entre el Instituto de Fomento de Andalucía y la Consejería de Empleo, si bien ha admitido que puede tener un “amplio margen de discrecionalidad”.

Aunque ha admitido que no conocía el procedimiento porque no era su “competencia”, ha sostenido que “no daba pie a cometer actos ilegales o punibles” porque la administración andaluza tiene un sistema de control y de filtros “más intenso” que el resto de las comunidades autónomas.

Ha admitido que “alguien” ha podido hacer una utilización “abusiva del procedimiento, presuntamente abusos de confianza y actos contrarios al Derecho y punibles”, por lo que ha apostillado: “Sean quienes sean, caiga todo el peso de la justicia sobre los que han podido cometer actos ilícitos”.

Chaves, que ha confesado que su fuente de información del caso ERE han sido los medios de comunicación, ha precisado que la ejecución del programa 31L era competencia de la Consejería de Empleo y, por tanto, el “Gobierno no podía conocer, no tenía por qué conocer la gestión, el día a día de las distintas Consejerías”, aunque ha reconocido que Empleo podría haber atendido los informes de la Intervención General que alertaban de irregularidades, pero “quizás tenía otro criterio jurídico”.

“Siento el mismo dolor que han podido sentir la mayoría de andaluces con este tipo de actos, pero estos actos no pueden menoscabar ni poner en entredicho la honestidad y la honradez de toda una administración”, ha concluido el expresidente.