Guatemala necesitará 16 años para quebrar la impunidad, según la CICIG

Debido a los pocos recursos y efectividad del sistema de justicia, Guatemala necesitará por lo menos 16 años para “quebrar” el manto de impunidad que impera en las esferas del Estado, advirtió hoy el comisionado de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez.

Durante la presentación del VIII informe de trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Velásquez sostuvo que el sistema judicial del país no tiene capacidad para hacer frente a la corrupción y otro tipo de delitos instalados en los espacios del poder político.

Explicó que la nueva estructura orgánica que se puso en marcha en 2014 permitió desarrollar 21 investigaciones contra los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad implicados en corrupción, financiación de partidos, narcoactividad, despojo de tierras y defraudación aduanera, entre otros.

El resultado fue la captura de 184 personas que ya están imputadas ante la justicia y 183 de ellas ligadas a proceso judicial, dijo.

Velásquez mencionó la red conocida como “La Línea”, que fue desmantelada el pasado 16 de abril por la CICIG y el Ministerio Público (MP) en las Aduanas.

El caso le costó la Presidencia a Otto Pérez Molina, quien dejó el cargo el pasado 3 de septiembre y ahora se encuentra en prisión preventiva acusado de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera.

Por el mismo caso está detenida la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, quien dejó el cargo el 8 de mayo último.

Ambos son acusados de ser los supuestos líderes de esa trama de corrupción.

El comisionado de la CICIG, un ente de las Naciones Unidas que se instaló en el país en 2007, advirtió que los esfuerzos que se realizan en Guatemala para combatir la corrupción y la impunidad “sólo serán un discurso si no se hace una indispensable y urgente inversión en el sector justicia”.

Manifestó que debido a la falta de recursos, en la actualidad existe poca efectividad en el combate a la impunidad.

Desde 2011, subrayó, la tasa de efectividad es de alrededor del 11 %.

Precisó que de los 102.000 asesinatos que se cometieron entre 2008 y 2015, sólo 11.220 se han resuelto.

“El sistema de justicia tardaría hasta el 2031 para aclarar esos homicidios”, porque “la realidad del país es que no se tiene capacidad para combatir la impunidad”, sentenció.

El MP, dijo, sólo tiene cobertura en el 10 % del territorio guatemalteco.

Velásquez comentó que de esas cifras surgió la idea de que las autoridades guatemaltecas discutan la creación de un impuesto temporal a los patrimonios para fortalecer el sistema de justicia.

Destacó que los casos de corrupción administrativa descubiertos este año y presentados ante los tribunales permitieron a la CICIG afirmar que la corrupción “es el denominador común de las relaciones político institucionales debido a la profundidad de los esquemas utilizados para cometer los delitos”.

Además del caso “La Línea”, el ente de la ONU destapó tramas de corrupción en Migración, en el Seguro Social, Sistema Penitenciario, Congreso, Policía Nacional, Organismo Judicial y en municipalidades, entre otros estamentos.

Mencionó que los delitos cometidos por jueces y otros operadores de justicia “merecen especial atención, ya que se trata de la perversión del sistema de aplicación de la ley y control del poder político”.

Velásquez insistió en que las investigaciones de la CICIG permiten afirmar que es necesario cambiar las reglas que determinan el quehacer del Estado y su forma de relacionarse con sus proveedores de bienes y servicios.

“Sin un cambio de estas normas y reglas, los esfuerzos que el sistema de justicia, acompañado por la CICIG, realice serán siempre focos ilustrativos pero insuficientes para una modificación real y sostenible del sistema”, advirtió.

Para ese efecto, dijo, es necesario hacer reformas “urgentes” a varias leyes, entre ellas a la carrera judicial, la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, a la de Servicio Civil y Ley Electoral y de Partidos Políticos, porque “son indispensables para lograr un impacto duradero en la lucha contra la impunidad y la corrupción”.

El informe fue presentado en la sede del MP, en la capital, ante la presencia del presidente de Guatemala, Alejandro Maldonado, el mandatario electo, Jimmy Morales y la fiscal general, Thelma Aldana, así como representantes del cuerpo diplomático, organismos internacionales y de la sociedad civil del país.