El Congreso estudia llevar al Constitucional la negativa de los jueces de Gürtel a enviar documentos

La Mesa del Congreso ha encargado este martes un informe a los letrados de la institución para que analicen si es posible recurrir ante el Tribunal Constitucional la negativa de la Audiencia Nacional a remitir a la Cámara gran parte de la documentación sobre los casos de corrupción que salpican al PP y que fue solicitada por la comisión que investiga la supuesta 'caja b' de los 'populares'.

El pasado mes de noviembre la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, tres de cuyos miembros integran el tribunal que ha juzgado la primera etapa de Gürtel, denegó el envío de varios documentos por tratarse de asuntos que aún se están investigando.

En concreto, rechazó entregar informes de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía (UDEF) y de la Intervención General del Estado (IGAE) y advirtió al Congreso de que sólo aportará las resoluciones judiciales que se le soliciten. Los jueces tomaron esta decisión para preservar la presunción de inocencia de los investigados argumentando que “podría verse comprometida por una investigación paralela no sujeta a las garantías del proceso penal”.

No obstante, hubo un voto particular del magistrado José Ricardo de Prada quien considera que esta falta de colaboración con el Congreso es injustificada porque el objeto de la investigación parlamentaria no determinar responsabilidades penales, y, por tanto no está en peligro la presunción de inocencia.

El PP se opone al informe

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, el órgano de gobierno de la Cámara ha dado este martes vía libre a la petición que le cursó el pasado mes de diciembre el presidente de la comisión de investigación, el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo.

La petición de que los letrados analicen la posibilidad de pedir amparo al Constitucional si la Audiencia Nacional no da su brazo a torcer surgió de un acuerdo de la Mesa y los portavoces de la comisión, que contó con el voto en contra del PP, el único partido que no ha contestado las reticencias de la Audiencia Nacional al envío de documentación. Además, los 'populares' tienen recurrida ante el Tribunal Constitucional la propia creación de la comisión de investigación.

Lo que reclama la oposición y así habrán de hacer los letrados es estudiar la posibilidad de que la Cámara plantee un conflicto de atribución de competencias ante el Tribunal Constitucional si la Audiencia no reconsidera su posición.

Conflicto de atribuciones

La oposición confía en que no sea necesario llegar a este punto y que la Audiencia Nacional se avenga a remitir al Congreso una documentación que tiene carácter público una vez que ya ha abierto juicio oral y que, además, ya ha sido publicada en su mayor parte por los medios de comunicación.

El Congreso ya planteó un conflicto de atribuciones, en este caso contra el Gobierno de Mariano Rajoy, por su negativa a someterse al control parlamentario durante la anterior legislatura, en la que el Ejecutivo estuvo en funciones por la falta de acuerdo para nombrar un nuevo Gabinete tras las elecciones de diciembre de 2015. El Constitucional tiene pendiente resolver este conflicto desde la primavera de 2016.