HRW alerta sobre la violación de derechos por el estado de emergencia en Etiopía

La organización Human Rights Watch (HRW) expuso hoy que el nuevo decreto de estado de emergencia en Etiopía implica un grave riesgo de violaciones de derechos y de reducir aún más el “espacio” para desarrollar “una actividad política pacífica”, en un comunicado remitido hoy a los medios.

“La acción arruina las esperanzas de que la liberación de presos políticos clave días antes fuera un paso hacia reformas políticas más amplias. El Gobierno debería revocar o revisar inmediatamente las restricciones que violan los derechos de libertad de reunión pacífica, asociación y expresión”, transmitió HRW.

Para la organización, el decreto contiene restricciones demasiado amplias y un lenguaje vago que facilita los abusos por parte del Gobierno.

En ese sentido, recordó que durante el último estado de emergencia (de octubre de 2016 a agosto de 2017), las fuerzas de seguridad arrestaron a más de 20.000 personas.

“El nuevo estado de emergencia de Etiopía amenaza con bloquear la expresión pacífica de opiniones en temas críticos que el país enfrenta”, señaló, según el texto, Felix Horne, investigado de HRW.

“Prohibir las protestas públicas y dar al ejército nuevos poderes de gran alcance para parar a los manifestantes, medios y partidos políticos viola los derechos y aplasta el potencial para un diálogo significativo en el futuro”, agregó Horne.

Además de recordar que Etiopía es parte de tratados internacionales contrarios a esta situación, HRW argumentó que las “esporádicas protestas e incidentes de agitación en la semana previa al anuncio” tampoco alcanzan las circunstancias según las cuales la Constitución etíope permite al Gobierno declarar el estado de emergencia.

“El nuevo estado de emergencia impactará en las próximas elecciones locales nacionales, programadas para mayo. Las nuevas restricciones levantan serias dudas sobre si los candidatos, particularmente de los partidos de la oposición, serán habilitados a una verdadera campaña libre”, indicó el observatorio.

Asimismo, recordó que los problemas que desataron las protestas siguen sin ser abordados por las autoridades.

“Restringir los derechos básicos llevó a Etiopía a una crisis y una supresión mayor a través de un nuevo estado de emergencia solo implica riesgos de poner las cosas peor”, expresó Horne.

Etiopía decretó el estado de emergencia por 6 meses el 15 de febrero tras una serie de enfrentamientos ocurridos durante una huelga de tres días en la región de Oromia, donde vive uno de los principales grupos étnicos del país.

Esta crisis provocó disputas entre los cuatro partidos regionales que conforman la coalición gobernante EPRDF y llevó a la dimisión del primer ministro, Hailemariam Desalegn.

El régimen etíope afronta un movimiento de contestación antigubernamental sin precedentes en los últimos años, al que además de la etnia oromo se han sumado los amara, el segundo grupo mayoritario, que también se considera marginado por el Gobierno.